Ciudad de México, 13 de agosto de 2020. Las familias de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que su gobierno acelere la detención de personas involucradas en los hechos –incluida la de efectivos del Ejército– y señalaron que no quieren otra «verdad histórica»
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En la reunión realizada ayer también pidieron que se depure de las instituciones de procuración de justicia al personal que en su momento participó en la manipulación de la investigación.
Los familiares señalaron que la reciente identificación genética de uno de los normalistas es
el inicio del esclarecimiento cabal y verdadero de lo sucedido y advirtieron que no quieren que
por buscar cerrar el caso se vuelva a forzar la evidencia para contar una historia sin todas las evidencias.
Entre las acciones prioritarias que exigieron se encuentra la ejecución de aprehensiones, pues «que se nos diga que se presentarán acusaciones o ya se han hecho, pero sin resultados, es preocupante»
. También pidieron detener y someter a proceso a efectivos municipales de Huitzuco y Tepecoacuilco, así como a agentes de la Policía Federal y de la Ministerial de Guerrero.
De igual manera, enfatizaron que debe detenerse y sancionarse al ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y a otro funcionario evadido y protegido en el estado de Michoacán.
Agregaron que es necesario procesar a soldados del 27 Batallón de Infantería que incurrieron en falsedad en sus primeras declaraciones, incurrieron en delitos por omisiones la noche de los hechos, que tenían vínculos con la delincuencia organizada y/o que por acción u omisión participaron en los hechos
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Para los familiares, es urgente que los secretarios de Marina, de la Defensa Nacional y de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el titular del Centro Nacional de Investigación, entreguen “sin contratiempos ni obstáculos” la información que ha solicitado la Comisión para la Verdad y la FGR les han solicitado.
Igualmente, las familias consideraron fundamental fortalecer la Comisión para el Acceso a la Verdad y a la Justicia y la Unidad Especial para la Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, y que continúe la coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAFF), el Grupo Interdisciplinario de Expertos (GIE), la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
A la reunión también asistieron la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y el fiscal especial para el caso, Omar Gómez Trejo, entre otros funcionarios.
*Con información de La Jornada y Proceso