Ciudad de México, 10 de agosto de 2020. Decenas de colectivos de búsqueda del país exigieron al gobernador de Guanajuato que retire las acusaciones contra las madres en búsqueda agredidas por elementos policiales y que castigue a los responsables de la represión.
«La desaparición sus familiares ha trastornado sus vidas, ¿qué clase de gobierno es el que en lugar de ayudar a las víctimas siembra más problemas?», cuestionaron.
El pasado 10 de julio, decenas de familiares marcharon en Guanajuato para solicitar una audiencia con el gobernador. La respuesta fue un operativo contra las familias que tuvo como resultado detenciones arbitrarias, lesiones y acusaciones injustas contra las propias víctimas.
«A Sandra Cervantes le dejaron una lesión de por vida y a Verónica, Olimpia y Karla las detuvieron arbitrariamente junto con otra activista y un visitador adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un mes después de la detención arbitraria, la Fiscalía del estado mantiene los cargos en contra de nuestras tres compañeras. Se les acusa de causar lesiones a policías estatales, a quienes nunca agredieron», relatan las y los defensores en una carta. Posteriormente, Karla fue despedida de su trabajo por la criminalización en su contra.
Ese viernes, Karla, Olimpia y Verónica estuvieron en los separos por cinco horas y después de su liberación, el secretario de seguridad Álvar Cabeza de Vaca amenazó diciendo que su libertad no era absoluta, además de tratar de invertir los hechos, diciendo que ellas fueron las que lesionaron a policías. Una semana después, el subsecretario de gobierno se comprometió a archivar de inmediato la carpeta de investigación, promesa que hasta la fecha no ha cumplido. A pesar de la exigencia de Karla, Olimpia y Verónica a la Fiscalía solicitando el no ejercicio de la acción penal, al no existir ningún elemento para que se les investigue, las carpetas de investigación aún están abiertas en su contra.
«El derecho a la protesta pacífica, a la petición de audiencia como víctimas, a la libre reunión, expresión y manifestación han sido vulnerados por un estado indolente cuya obligación original era brindar seguridad y prevenir la desaparición de sus familiares en Guanajuato. En lugar de buscar, la estrategia del gobierno ha sido la revictimización, criminalización, estigmatización y campañas para deslegitimar y dividir la lucha de los colectivos de víctimas y personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato», acusaron las y los defensores.
Los colectivos reiteraron la exigencia de retirar los cargos de inmediato en contra de las víctimas que buscan a sus familiares desaparecidos, que la Fiscalía cierre definitivamente las investigaciones, así como la reparación integral del daño y asegurar las medidas de no repetición, incluyendo la debida investigación y sanción por los abusos policiales, hechos por los que ya se interpuso denuncia, así como la disculpa pública sobre estos hechos.
«A las autoridades de Guanajuato les decimos: los colectivos Sembrando Comunidad y A tu encuentro no están solos, y no pararemos hasta que haya verdad, hasta que cese la criminalización en su contra, hasta encontrar a todas las personas desaparecidas en el estado. Hasta que la impunidad sea derrotada por la justicia», finalizaron.