Ciudad de México, 05 de agosto de 2020. EQUIS Justicia para las Mujeres y Documenta presentaron este 1 de julio, ante la Comisión de Amnistía presidida por la Secretaría de Gobernación, solicitudes de extinción de la pena para dos personas privadas de la libertad acorde con la Ley de Amnistía, expedida el pasado mes de abril.
Las solicitudes fueron presentadas pese a que la Comisión de Amnistía y las dependencias que la integran han incumplido su obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación (DOF) detalles del procedimiento que deben seguir las personas que buscan extinguir su pena o la investigación o proceso penal en su contra a través de esta figura legal, así como detalles certeros sobre los criterios para conocer y evaluar los casos, los procedimientos para recepción y trámite, y el papel específico de las autoridades jurisdiccionales implicadas.
Los casos son una mujer privada de la libertad en Oaxaca y un joven privado de la libertad en Sinaloa que, en hechos separados, fueron imputados por la comisión de delitos contra la salud. De acuerdo con las organizaciones, en ambos casos se presentaron situaciones de vulnerabilidad que pudieron ser factores determinantes para la comisión de ambos delitos.
En el primer caso, la solicitud fue presentada por EQUIS Justicia para las Mujeres y corresponde a una mujer de 35 años, zapoteca, proveniente de la Sierra de Oaxaca, quien desempeña el oficio de costurera. Ella fue detenida cuando, por primera vez, realizaba la transportación de marihuana en un camión de pasajeros con destino a la Ciudad de México a cambio de la cantidad de dos mil pesos. Esta mujer fue sentenciada por un Juez Federal a seis años y seis meses de prisión. Ella es la única cuidadora de su madre, quien vive con discapacidad visual.
El segundo caso fue interpuesto por Documenta; en él, se solicita amnistía para un joven de 20 años de edad que, a los 18 años, accedió sin tener pleno conocimiento, por temor y mediante engaños, a transportar metanfetamina a través de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que se le condenó a poco más de 3 años de prisión en una corte norteamericana, y después sería extraditado a una prisión federal en México para el cumplimiento de su pena.
«Ambos casos evidencian cómo distintas formas de vulnerabilidad social y un sistema de justicia punitivo, desprovisto de un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad, se traducen en penas absurdamente severas para delitos menores que lo único que reflejan es la constante criminalización de grupos históricamente vulnerados, entre ellos: personas indígenas, mujeres, jóvenes en situación de pobreza, personas consumidoras de drogas. En su mayoría, estas personas injustamente encarceladas han sido víctimas de una situación de violencia generalizada, han sufrido violaciones a sus derechos y se han visto orilladas a participar en hechos delictivos», explicaron las defensoras.
Para EQUIS y Documenta, la falta de detalles del procedimiento que deben seguir las personas que buscan extinguir su pena o la investigación o proceso penal en su contra ha dejado a personas privadas de la libertad, sus familias y sus defensas legales sin certeza jurídica y sin la posibilidad de buscar justicia, pese a que autoridades presentaron la iniciativa de Ley de Amnistía como prioritaria en el contexto por COVID-19 y con el argumento de que podría servir para despresurizar las cárceles.
Al 2 de agosto de 2020, se han registrado mil 974 casos acumulados de personas en situación de cárcel contagiadas de COVID-19 y 180 decesos, según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). En tanto, al 23 de junio de 2020, la Secretaría de Gobierno ya había reportado la recepción de dos mil 487 solicitudes de amnistía, sin que hasta el momento se tenga reporte alguno de sus avances.
«Desde EQUIS Justicia para las Mujeres y Documenta insistimos en la urgente necesidad de revisar todas y cada una de las solicitudes de amnistía, resolverlas a la brevedad dada la situación de crisis sanitaria que atravesamos y publicar las especificidades de la ruta y requisitos que deben seguirse para que las personas privadas de la libertad puedan acceder a esta figura legal; exigimos también hacer públicas las pautas que tanto la Comisión de amnistía como otras autoridades jurisdiccionales obedecerán para considerar y resolver los casos», finalizaron.