Ciudad de México, 16 de julio de 2020. Organizaciones civiles denunciaron ante el Representante Especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, Eamon Gilmore, la grave crisis de derechos humanos en México, agudizada por los efectos de la crisis sanitaria y económica que han impactado de forma desproporcionada a los derechos humanos de las víctimas, particularmente a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
México y la Unión Europea sostuvieron la IX edición del Diálogo Bilateral de Alto Nivel en materia de derechos humanos el 10 de julio pasado, durante el cual organizaciones civiles entregaron un extenso diagnóstico sobre la crisis de derechos humanos en México y formularon recomendaciones a las autoridades mexicanas y europeas.
En el encuentro, las OSC apuntaron como un hecho positivo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haya reconocido, en parte, la magnitud de la crisis en materia de derechos humanos y se haya comprometido a resolver algunas de las problemáticas más graves como las desapariciones; sin embargo, consideraron, en la práctica se siguen manteniendo altos índices de violencia y violaciones a los derechos humanos e impunidad.
Las organizaciones apuntaron que la crisis de desapariciones se mantiene en el país; que las personas defensoras de derechos humanos, particularmente las defensoras indígenas de la tierra y del territorio, son el blanco de agresiones por parte de actores tanto privados como públicos; que la violencia de género se torna particularmente alarmante con el encierro, como lo reflejan las 11 mujeres, en promedio, asesinadas cada día; que cada 30 minutos un niño o niña es víctima de abuso sexual, entre otras.
Asimismo, las OSC externaron su preocupación ante las deficiencias estructurales de las instituciones de administración y procuración de justicia, que propician la persistencia de la impunidad, la ausencia de políticas integrales de atención a víctimas, el mantenimiento de la política de militarización de la seguridad pública y el incumplimiento de México con recomendaciones y resoluciones internacionales.
También hicieron hincapié en el debilitamiento de algunos órganos reguladores y autónomos; los señalamientos generalizados y difamaciones contra las organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación; el impacto de las medidas de austeridad sobre las instituciones de derechos humanos; así como la falta de criterios técnicos para el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas relacionadas con derechos humanos.
Respecto al “Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación” entre la Unión Europea y México, las y los defensores resaltaron el cierre de las negociaciones durante la pandemia, sin consulta ni participación de la sociedad civil, «lo que evidencia la priorización de los actores económicos sobre los derechos humanos, contraviniendo los principios europeos de gobernanza y participación. Esto se refleja en la falta de evaluaciones de impacto en derechos humanos y ambientales incluyendo consulta previa, libre e informada, culturalmente adecuada y de buena fe, como se ha hecho con los megaproyectos del Tren Maya y del Corredor Transístmico, cuyas consecuencias ambientales y sociales serán devastadoras».
Por lo anterior, entre otras recomendaciones, las OSC exhortaron al gobierno de México y a la Unión Europea: a cancelar los megaproyectos que han provocado asesinatos de personas defensoras y suspender aquellos que carecen de valoraciones sobre los impactos en derechos humanos y consultas (CPLI), y paralelamente implementar mecanismos obligatorios para identificar, prevenir, abordar y reparar los daños actuales y posibles de las actividades empresariales públicas y privadas, tanto domésticas, como extranjeras; a fortalecer su cooperación política, técnica y económica, para paliar los efectos de la crisis por la COVID-19 y sus impactos a corto, mediano y largo plazo y a reevaluar sus estrategias en materia de derechos humanos, en particular las dirigidas para la protección de grupos en situación de vulnerabilidad ante el recrudecimiento de la violencia en el contexto de la pandemia.
También exhortaron a fortalecer la cooperación técnica para lograr un mayor acceso a la verdad, justicia y reparación integral de las víctimas de violaciones a los derechos humanos; a incorporar una perspectiva de prevención en las acciones realizadas para la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas y a diseñar una política migratoria y de asilo con enfoque de derechos humanos.
Finalmente, las OSC instaron al Gobierno Mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a hacer públicos los resultados del diálogo de Alto Nivel sostenido con la Unión Europea, en particular su valoración acerca del diagnóstico presentado y su propuesta para el seguimiento de las recomendaciones.