Justicia para las víctimas de tortura

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Ciudad de México, 26 de junio de 2020. Este 26 de junio es el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura. En palabras de la ONU, “es una oportunidad para pedir a todos (…) que se unan en apoyo de los cientos de miles de personas que en el mundo entero han sido víctimas de torturas o que todavía hoy son torturadas”1.

En nuestro país, la tortura sigue vigente como método de represión -como nos muestran los hechos recientes de brutalidad policial en Jalisco– y como herramienta de fabricación de culpables, práctica recurrente que manda a personas inocentes a la cárcel mientras los verdaderos responsables de los delitos quedan impunes2. Las víctimas de esta práctica incluyen numerosas mujeres inocentes, víctimas de detenciones ilegales y tortura sexual, quienes han sido acusadas de delitos que no cometieron.

Nuestro acompañamiento a personas sobrevivientes de tortura nos permite ver una y otra vez tanto el inmenso daño físico, emocional, familiar y comunitario que puede causar la tortura, como la fuerza, valentía y dignidad de las víctimas. La lucha incansable de las personas sobrevivientes y sus familias ha contribuido a la liberación de personas inocentes, a la creación de espacios de solidaridad y recuperación y a otros avances concretos en los últimos años.

Sin embargo, el panorama a nivel nacional permanece desolador. Según la Encuesta Nacional a la Población Privada de Libertad 2016 (ENPOL)3, el 75.6% de las personas privadas de libertad sufrió violencia psicológica y el 63.8% violencia física en el arresto4. Más del 40% de las personas detenidas que se declararon culpables ante el Ministerio Público informa que lo hizo porque fue objeto de agresiones físicas, amenazas u otras formas de coerción.5

Los organismos internacionales coinciden en señalar que, en México, no se aplican correctamente las directrices internacionales para la investigación y documentación de la tortura, agrupadas en el Protocolo de Estambul. El Comité contra la Tortura de la ONU en 20036, 20077, 20128y 20199; el Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura en 201010 y 201711; el Relator Especial sobre la Tortura en 201412; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 201513; el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 201614, y numerosas organizaciones de la sociedad civil15 han señalado las fallas estructurales en la aplicación del Protocolo de Estambul en México.

La impunidad se ve en las cifras oficiales. Según lo documentado por el Observatorio contra la Tortura 16, entre 2014 y 2018 se iniciaron 9,998 investigaciones federales por tortura; en respuesta a una solicitud de información complementaria, la Fiscalía General de la República (FGR, antes PGR) reportó sólo 22 consignaciones por dicho delito en el mismo periodo17, equivalente al 0.2%.18

En este contexto, hace tres años se aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Sin embargo, numerosas instituciones siguen sin implementar ni aplicar correctamente la ley. A la fecha, el Estado ni ha puesto en marcha el Registro Nacional del Delito de Tortura que debió operar desde 2018, ni ha publicado el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Tortura que debió expedirse en diciembre de 2017.

Mientras tanto, la impunidad continúa. En 2018 se iniciaron más de 3,600 investigaciones por tortura en el fuero común, y sólo en dos casos se reportó la presentación de cargos penales por tortura ante un juez19. En 2019, se iniciaron 2,283 investigaciones federales por tortura20. Según el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 2019, se destaca “la judicialización de 1 carpeta de investigación” ese año por la Fiscalía Especial en Investigación del Delito de Tortura21.

El único camino para garantizar la libertad de los y las inocentes, la investigación de los delitos con base en la lógica y la evidencia, la libertad e integridad de la ciudadanía en momentos de protesta social, y otra gama de nuestros derechos, es poniendo fin a la tortura. La ruta crítica ya existe en la Ley General. Ahora, en solidaridad con las víctimas y familias que tenemos el honor de acompañar en su búsqueda de verdad y justicia, exigimos que el Estado muestre su voluntad de priorizar la erradicación de este crimen tan dañino para la sociedad mexicana.