Ciudad de México, 15 de junio de 2020. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental logró que le fuera otorgada una suspensión provisional contra la aplicación del Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) y del Acuerdo que establece la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional de la Secretaría de Energía (Sener), emitidos el 29 de abril y el 15 de mayo pasados, respectivamente.
CEMDA y Greenpeace, en estrategia conjunta, presentaron amparos en contra de los citados ordenamientos. Greenpeace obtuvo la suspensión provisional el pasado 25 de mayo por parte del Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, y ahora fue también concedida al CEMDA, por parte del Juez Rodrigo de la Peza López Figueroa, Juez Primero de Distrito en dicha materia.
Las organizaciones se oponen a los acuerdos puesto que «impiden a México avanzar en la transición energética hacia fuentes renovables y nos estancan para seguir dependiendo de los combustibles fósiles, a pesar de los graves impactos que esto tiene en la salud humana y en el medio ambiente. Todo ello, en un contexto en el cual el gobierno federal tampoco ha generado los incentivos ni la política pública para promover modelos de transición energética justa que permitan a las comunidades acceder y generar su propia energía», explicaron.
Además, sostienen, los acuerdos motivo de la demanda fueron emitidos en franca violación al marco legal y constitucional, son medidas regresivas que alejan a México del cumplimiento de sus compromisos internacionales de reducción de emisiones para mitigar el cambio climático y son medidas injustas pues profundizan nuestra exposición a seguir respirando aire contaminado.
Las organizaciones precisaron que la batalla judicial es un primer paso para luchar a favor de la democratización de la energía eléctrica y garantizar el derecho humano a energías renovables accesibles y asequibles de todas las personas, que ayuden a abatir la pobreza energética que viven millones de hogares, con proyectos comunitarios de generación distribuida.
«De ninguna manera significa defender los intereses de los grandes empresas del sector, porque incluso algunas de ellas, lamentablemente han contribuido a escenarios indeseables, como el despojo de tierras o el atropello a los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o equiparables”, aclararon.
Las organizaciones recordaron que la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos establece que, en materia de generación eléctrica, se debe respetar la sustentabilidad en materia energética, fomentar la utilización de energías renovables y asegurar la disminución de las emisiones contaminantes en la industria eléctrica. Además, en cuanto a sus compromisos internacionales, el Estado mexicano debe asegurar el cumplimiento de los objetivos encaminados a alcanzar el 35% de la generación de energía a través de fuentes limpias al 2024, así como garantizar el cumplimiento del Acuerdo de París y las metas climáticas establecidas en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas de México (NDC) y en la Ley General de Cambio Climático (LGCC).
«Las organizaciones consideramos que se deben fomentar proyectos que aseguren el acceso de toda la población a energías renovables, particularmente aquellas que ahora no tienen acceso, con redes inteligentes y suficientes; todo lo cual conduzca al país a un desarrollo sustentable y a un crecimiento de bajo carbono. En este sentido, nos pronunciamos por proyectos energéticos a pequeña escala que puedan ser operados por las propias comunidades y por el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos de las poblaciones en cuyos territorios se pretendan instalar proyectos energéticos, sean públicos o privados», detallaron.
Agregaron que en los proyectos de energía renovable donde existan irregularidades en el otorgamiento y ejecución de contratos, o que se encuentren en disputa con las comunidades donde pretenden instalarse, las autoridades competentes deben llevar a cabo una investigación, caso por caso y actuar de conformidad con el marco legal.