Ciudad de México, 09 de junio de 2020. Sin que sus abogadas tuvieran acceso a la carpeta de investigación, sin cumplirse el plazo legal de 48 horas y sin presentar notificación alguna a su defensa y familiares, Mario Alberto Rubio Torres, Jair Eduardo Moreno García, Jonathan Martin Maldonado Núñez, Ángel Eliu Sánchez Flores, Nicolás Ramos Paulino y Roberto Carlos Ornelas Rodríguez, detenidos en el marco de las protestas contra la brutalidad policiaca en Jalisco, fueron trasladados anoche al complejo penitenciario de Puente Grande. Así lo denunciaron sus familiares y representantes legales.
Las abogadas Ángela García Reyes y Lorena Almaraz (integrantes de CEPAD A.C.) señalaron que nunca tuvieron acceso a la carpeta de investigación, lo cual impidió el conocer los delitos que se les imputaban a los jóvenes, mismos que conocieron hasta que se les entregó el citatorio a la Audiencia Inicial de Control, a realizarse el 9 de junio en el Primer Distrito Judicial.
De acuerdo con el medio local ZonaDocs, los jóvenes manifestaron haber sido golpeados y maltratados en su detención, la cual -en por lo menos cuatro de los seis casos- no ocurrió en flagrancia como ha señalado la Fiscalía General del Estado de Jalisco, sino que pasó cuando éstos fueron testigos de los hechos y decidieron grabarlos con su celular (como en el caso de Jonathan Martín); cuando acababan de salir de un restaurante de pizzas (como sucedió con Mario Alberto y Jair Eduardo); o cuando esperaban a que su familiar saliera del trabajo (lo que pasó con Nicolás); en el caso de Roberto Carlos se señala que éste sí fue detenido en flagrancia y sobre Ángel Eliu, se desconocen los detalles porque ninguno de sus familiares acudió tras su detención; así que nadie ha logrado saber cómo y de qué manera fue detenido, la noche del 6 de junio.
Aunque el gobierno estatal retiró los cargos contra las personas detenidas el 04 y el 05 de junio, no lo hizo así con las detenidas el sábado 06.
El fin de semana y a propósito de los hechos, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó que la desaparición forzada y la desaparición por particulares son delitos en México e hizo un llamado a las autoridades a prevenir cualquier práctica que tendría como resultado esta grave violación a los derechos humanos.
La semana pasada se sucedieron manifestaciones en Guadalajara para protestar por la presunta ejecución arbitraria de Giovanni López el 05 de mayo, detenido en Ixtlahuacán por no portar cubrebocas y entregado muerto a sus familiares. El jueves hubo al menos 26 personas detenidas por policías estatales. El viernes, jóvenes que se dirigían a protestar afuera de la Fiscalía para exigir la liberación de los arrestados del jueves fueron atacados al azar por la policía ministerial y policías de distintos municipios. Asistentes y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se dieron al menos 80 detenciones arbitrarias y decenas de desapariciones forzadas, además de tortura. El sábado, al menos 6 personas más fueron detenidas.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) solicitó que todos los funcionarios que incurrieron en graves violacionesdurante las detenciones y desapariciones forzadas con motivo de las protestas por el asesinato de Giovanni López sean separados de sus cargos.
Asimismo, organizaciones que conforman el Observatorio Nacional sobre Detenciones Arbitrarias criticaron la actuación del gobierno de Jalisco, a cargo de Enrique Alfaro, en una conferencia virtual (hackeada durante varios minutos) en la que coincidieron con que el fiscal Solís –con numerosas recomendaciones por casos de tortura contra altermundistas cuando fue procurador de Jalisco en 2004– tiene que dejar el puesto.
Por su parte, personas solidarias han lanzado en redes sociales el hashtag #LibertadParaLosSeis con el que se espera presionar para que cada uno de los detenidos pueda recuperar la libertad.
- Con información de ZonaDocs y de La Jornada