Ciudad de México, 08 de junio de 2020. Ante la actuación de las fuerzas de seguridad de distintos niveles en Jalisco durante las manifestaciones de #JusticiaParaGiovanni, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó que la desaparición forzada y la desaparición por particulares son delitos en México e hizo un llamado a las autoridades a prevenir cualquier práctica que tendría como resultado esta grave violación a los derechos humanos.
La semana pasada se sucedieron manifestaciones en Guadalajara para protestar por la presunta ejecución arbitraria de Giovanni López el 05 de mayo, detenido en Ixtlahuacán por no portar cubrebocas y entregado muerto a sus familiares. El jueves hubo al menos 26 personas detenidas por policías estatales. El viernes, jóvenes que se dirigían a protestar afuera de la Fiscalía para exigir la liberación de los arrestados del jueves fueron atacados al azar por la policía ministerial y policías de distintos municipios. Asistentes y organizaciones de derechos humanos denunciaron que se dieron al menos 80 detenciones arbitrarias y decenas de desapariciones forzadas, además de tortura. Muchas víctimas de las policías fueron abandonadas golpeadas en puntos distintos de los municipios aledaños a Guadalajara.
Ante el escándalo por las imágenes de la actuación de las fuerzas de seguridad, en un mensaje emitido el 6 de junio, el gobernador de Jalisco -quien había negado la existencia de represión el 4 de junio- aseguró que los elementos no siguieron sus órdenes al reprimir e insinuó que estaban infiltrados por el crimen organizado.
Por su parte, el fiscal Gerardo Solís Gómez reconoció que hubo detenciones arbitrarias, que no se registró la detención de las víctimas y que no se hizo un parte de lesiones; también anunció que se iniciaría una investigación.
A pesar de que la desaparición forzada debe ser perseguida de oficio, el gobernador insistió en que no había denuncias por este delito y el fiscal llamó a las familias a acudir a denunciar. En redes sociales, manifestantes denunciaron que personal de la policía acudió a sus domicilios a intimidarlos.
El CEPAD a través de un comunicado, ha demandado a las autoridades “iniciar de oficio las carpetas de investigación y quejas correspondientes con probables actos de tortura” cometidos en el marco de las manifestaciones del jueves 4 y el viernes 5 de junio de 2020.
Familiares y amigos de los dos policías detenidos por este caso y acusados de acusados de abuso de autoridad, de realizar detenciones ilegales y de desaparición forzada se manifestaron afuera de Casa Jalisco para pedir su liberación pues, aseguran, ambos siguieron instrucciones de sus superiores, y denunciaron que no les permiten tener un defensor particular.
Por su parte, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, consideró que existieron desapariciones forzadas y denunció que la Fiscalía estatal les está negando información.
Aunque el gobierno retiró los cargos contra las personas detenidas el 04 y el 05 de junio, hay al menos seis personas que fueron detenidas el sábado 06 a las que se les inició un proceso penal.
Periodistas y usuarios de redes sociales recordaron que el fiscal Solís participó también en la represión indiscriminada contra manifestantes altermundistas en 2004, hecho por el cual fue condecorado.