Ciudad de México, 30 de abril de 2020. El Colectivo de Monitoreo y Observación Migratoria en Tijuana denunció que diversos albergues para migrantes en esa ciudad han sido objeto de intimidaciones en los últimos días por parte de personas desconocidas y armadas que se ostentan como autoridades estatales sin que lo acrediten.
De acuerdo con el colectivo, el sábado 25 de abril a las 14:30 horas aproximadamente, una camioneta blanca tipo pick up de doble cabina sin placas llegó a las instalaciones de Espacio Migrante. Del vehículo se bajó un hombre, vestido de civil, portando un arma de fuego en el cinturón, abrió la reja frente a la clínica Justicia en Salud, y entró, violando la propiedad privada y las medidas para atender la contingencia ante el Covid19. Una vez dentro de la propiedad, dijo ser el «agente Morales de la Guardia Estatal». Sin mostrar acreditación alguna ni orden fundada por la autoridad, exigió hablar con el encargado o encargada del albergue. Mientras tanto, una mujer armada vestida de civil que permanecía en la camioneta comenzó a tomar fotografías de las instalaciones.
La misma situación se repitió ese día en el albergue Camino de Salvación, donde las personas citadas -con sus manos posicionadas sobre las armas- preguntaron si ahí era un albergue y pidieron información de las personas ingresadas y sus nacionalidades. Estas mismas personas se acercaron también a los albergues Ejército de Salvación y Templo Embajadores de Jesús, «donde realizaron las mismas acciones intimidatorias, además de conducirse de manera inapropiada solicitando información sin oficio de autoridad competente para requerirla», recalcaron las organizaciones.
El colectivo destacó que el contexto de violencia que se vive en la ciudad de Tijuana, además de la falta de protocolos de actuación de las agencias policiales respecto a las personas migrantes, generan un entorno preocupante de incertidumbre, temor y desprotección.
«La irrupción en los albergues de presuntas autoridades sin ninguna acreditación es una situación delicada que ponen en riesgo tanto al personal como a la población migrante, sobre todo porque hablamos de familias en su mayoría solicitantes de asilo que huyen de sus países buscando la protección internacional al ser víctimas de violencia de grupos del crimen organizado», explicaron las y los defensores.
El colectivo exigió a las distintas autoridades que respeten los protocolos de actuación al acercarse a la población migrante; que realicen sus actividades con certeza de la legalidad de su actuación; que las policías no usurpen las facultades de las autoridades migratorias; que respeten la propiedad privada; que cesen las actuaciones intimidatorias y se castigue a quienes las realizaron; y que se proteja a la población migrante y los albergues que la atienden.