Ciudad de México, 22 de abril de 2020. Más de 250 comunidades, organizaciones y personas defensoras del ambiente urgieron a las autoridades a detener la construcción del Tren Maya, pues lesiona los derechos de las comunidades que no se pueden defender legalmente de él ante la paralización de actividades judiciales por la pandemia del Covid-19.
Las personas defensoras también resaltaron que los Lineamientos técnicos para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 -que instruyen a que continúen las actividades relacionadas con éste y otros megaproyectos- y la continuidad de las entrevistas para realizar desalojos y reubicaciones ponen en riesgo la salud y la vida de los trabajadores y de las comunidades.
Ante la oposición que ha generado el proyecto y la suspensión de plazos judiciales, consideraron que «se debe garantizar la posibilidad real de que las personas, comunidades o colectivos puedan ejercer su acceso a la justicia para impugnar cualquier acto u omisión del proyecto, puedan hacerlo», y señalaron que «pareciera ser que el gobierno federal se aprovecha de la actual coyuntura para avanzar, sin el riesgo de oposición, en la continuación de un proyecto que ha sido cuestionado por diversos sectores y cuya opacidad incluso ha generado la emisión de una orden de suspensión por parte de un Juez Federal ante un amparo presentado por comunidades de Calakmul y Candelaria».
A esto se suma que es materialmente imposible realizar solicitudes de información con respecto al avance del proyecto debido a la suspensión de plazos ante los institutos estatales y el instituto federal en materia de transparencia.
Las comunidades y organizaciones recordaron que el proceso participativo realizado por el gobierno federal a diversas comunidades indígenas afectadas por el proyecto, entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre del año pasado, no se apegó a los mínimos establecidos por la normatividad internacional.
Las organizaciones, comunidades y colectivos firmantes consideraron que continuar el proyecto en las actuales circunstancias representa una grave vulneración a los derechos humanos de las comunidades afectadas y de la población en general. Llamaron al Presidente de la República a que suspenda la construcción del Tren Maya y, con posterioridad a la emergencia sanitaria, inicie un proceso de diálogo real, serio, informado y equitativo que garantice los derechos a la información y que cumpla con el Convenio 169 de la OIT, Declaraciones de la ONU y de la OEA con respecto a la participación, al medio ambiente sano, al territorio y a la libre determinación de las comunidades afectadas por dicho proyecto.
«Finalmente, le solicitamos a las Relatoras Especiales sobre Pueblos Indígenas tanto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como del sistema de Naciones Unidas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para que en el ámbito de sus competencias, soliciten la información necesaria y exhorten al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones nacionales e internacionales y garantice los derechos fundamentales de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto, empezando por el derecho a la salud, el que está en riesgo de continuarse la construcción de proyecto en las actuales circunstancias. En este sentido le urgimos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que haga visitas in situ, y emita las medidas cautelares pertinentes para solicitar se salvaguarden esos derechos que están en riesgo por la continuación del proyecto», finalizaron.