Ciudad de México, 03 de abril de 2020. Centenares de organizaciones, redes de la sociedad civil, universidades firmantes y personas defensoras manifestaron indignación y preocupación ante los hechos ocurridos en estaciones migratorias (EM) a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) de Villahermosa, Tenosique y Tapachula, y pidieron la liberación de las personas privadas de su libertad en este tipo de instalaciones.
«Hemos denunciado reiteradamente las pésimas condiciones de subsistencia en las que se encuentran las personas migrantes y solicitantes de protección internacional privadas de su libertad en estaciones migratorias, así como la ilegal detención de niñas, niños y adolescentes. La pandemia global del Covid-19 profundiza la incertidumbre y el miedo, al tiempo que genera aún mayores riesgos sanitarios para las personas detenidas. Frente a las medidas tomadas por el INM ante la pandemia, desde la sociedad civil se solicitó el cese de las detenciones por razones migratorias y la liberación de todas las personas detenidas en estaciones migratorias y estancias provisionales», abundaron.
Las y los defensores explicaron que, dado que las autoridades migratorias no han impulsado medidas efectivas para proteger a las personas migrantes en detención, ocurrieron protestas: el 23 de marzo, al menos 50 migrantes que se manifestaban en la EM Siglo XXI en Tapachula, Chiapas, fueron reprimidos por la Guardia Nacional y la Policía Federal con abuso de la fuerza; el 29 de marzo se registró una manifestación al interior del centro de detención migratoria ubicado en Villahermosa, Tabasco, y el 31 de marzo hubo otra protesta en la EM de Tenosique, en la que un hombre de origen guatemalteco murió y por lo menos 14 personas fueron heridas. Según testimonios de las personas sobrevivientes, la represión fue ejercida por agentes del INM y, nuevamente, miembros de la Guardia Nacional, quienes además impidieron la evacuación de las personas para escapar del incendio al interior del centro.
Al tiempo en que recordaron que los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política y en tratados internacionales de los que México es parte continúan vigentes para todas las personas que habitan en el país, incluidas las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, las organizaciones consideraron que, debido a la especial vulnerabilidad en que se encuentran estos grupos de población, el Estado mexicano debe tomar medidas tendientes a garantizar su salud, integridad física y mental, así como la vida y las garantías jurídicas que correspondan para hacerlos efectivos.
Para ello, pidieron que se dejen de realizar los operativos de control y verificación migratoria, pues impiden cumplir con las medidas de sana distancia y no concentración de más de 50 personas en un mismo lugar, ya que derivan en la detención y hacinamiento de cientos de personas.
Por otra parte, exigieron que todas las personas migrantes y solicitantes de la condición de refugiadas privadas de la libertad en estaciones migratorias y estancias provisionales sean puestas en libertad de manera inmediata, tal como lo recomiendan organismos internacionales como la OACNUDH, OIM, ACNUR y profesionales de la salud como la OMS. Esto compromete al Estado mexicano a diseñar una estrategia de detección, canalización y atención a grupos de migrantes y personas sujetas de protección internacional con mayores condiciones de vulnerabilidad.
«El Estado está obligado a agilizar las acciones de regularización migratoria y las solicitudes de protección internacional, evitando generar un mayor grado de vulnerabilidad y de rezago. Además, el Estado mexicano y los consulados correspondientes deben apoyar y facilitar, con las respectivas medidas de protección a la salud, los retornos voluntarios de las personas que así lo deseen», agregaron.
«Asimismo, la Guardia Nacional es responsable de múltiples violaciones de derechos humanos cometidas en las estaciones migratorias de Tapachula y Tenosique. Esta situación nuevamente pone de manifiesto lo que se ha señalado desde diversos espacios: la Guardia Nacional no debe estar involucrada en labores migratorias, mucho menos ante la debilidad crónica de los medios internos y externos de control responsables de verificar el cumplimiento de la legislación y los protocolos aplicables, en especial en materia de uso de la fuerza», especificaron.