Ciudad de México, 10 de marzo de 2020. Los niños de la comunidad maya de Homún, en Yucatán, obtuvieron en 2018 un amparo que los protege contra las actividades contaminantes de una megagranja porcícola; sin embargo, la empresa ha violado las medidas precautorias. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y podrá fijar criterios sobre el principio precautorio relacionado con el cuidado del medio ambiente, lo cual es particularmente importante en una zona de cenotes cuyos recursos hídricos están afectados por diversos megaproyectos.
Homún es una comunidad maya localizada en una zona de recarga de la reserva geohidrológica anillo de los cenotes. En su territorio existen alrededor de 300 cenotes y es uno de los lugares de donde brota el agua que alimenta a toda la península de Yucatán. A finales de 2016, la megagranja “Producción Alimentaria Porcícola”, conocida como PAPO, comenzó a instalarse en esta comunidad. Esta industria produciría alrededor de 45 mil cerdos cada cuatro meses, con un alto costo contaminante para esta zona particularmente debido a su carácter de zona de recarga hidrológica.
En 2017, el pueblo maya de Homún conformó la organización Kanan ts’ono’ot (guardianes de los cenotes) y emprendió diferentes juicios contra la megagranja porcícola con el fin de suspender sus actividades, que afectan el principal modo de vida de dicha comunidad: el ecoturismo en cenotes.
En 2018 un grupo de niños de Homún, junto con sus representantes legales, demandó a la granja y consiguió paralizar su funcionamiento. La suspensión fue otorgada como una medida precautoria en favor del derecho de la infancia al agua, a un ambiente sano, a la salud y a la autonomía como integrantes del pueblo indígena maya. En Yucatán el tema del agua es de vital importancia, ya que se trata de la reserva hídrica más grande México, la cual está siendo saqueada y contaminada por diversos megaproyectos.
A finales de 2019, el juicio de los niños fue turnado al Juez Segundo de Distrito, quien ha resuelto a favor de la granja en los otros juicios emprendidos por la comunidad alegando la importancia de generar empleos para la comunidad. Cabe destacar que la granja crearía alrededor de 40 empleos para un pueblo de 7 mil habitantes.
Paralelamente, desde agosto de 2019, el caso fue atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en estos días decidirá si atrae también de la violación de las medidas cautelares por parte de la granja. En este sentido, es importante señalar que la SCJN tiene la posibilidad de ampliar los criterios sobre el principio precautorio relacionado con el cuidado del medio ambiente y generar un precedente para casos futuros en materia ambiental.
Frente a esta situación de las granjas porcícolas, junto con otros megaproyectos que se están documentando y que afectan al agua y al medio ambiente, el gobierno federal tiene que garantizar que se respeten los derechos humanos y ambientales, frente a los intereses empresariales y extractivistas, consideraron las organizaciones.