Ciudad de México, 10 de marzo de 2020. Un Juez de Distrito sentenció a 22 años de prisión a un capitán y cuatro elementos de infantería de la Secretaría de Marina por la desaparición forzada del joven Armando Humberto del Bosque Villareal, ocurrida en agosto del 2013 en el poblado de Colombia, Nuevo León.
Se trata del capitán Raúl Enrique Sánchez Labrada, y los marineros Renato Juárez Arellanes, Alfi Ahumada Espinoza, Carlos Adán Verdugo Amarillas y Eliseo Sánchez Patrón, quienes el pasado viernes 28 de febrero fueron notificados de esta sentencia condenatoria, dentro de la carpeta procesal 9/2016-VIII radicada en el Juzgado Tercero de Distrito con residencia en Monterrey, Nuevo León.
Los sentenciados actualmente se encuentran presos en el Campo Militar Número 1 desde el pasado 10 de marzo del 2016, cuando fueron detenidos en la Ciudad de México por agentes federales como probables responsables del delito de desaparición forzada de personas.
El papá de la víctima, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez tardó seis años y seis meses en esperar este fallo de la justicia mexicana, sin embargo, desea reconocer públicamente el trabajo de la Agente del Ministerio Publico de la Federación, que estuvo a cargo de las investigaciones, a pesar de las fuertes presiones que enfrentaron por parte de altos mandos de la Marina en el sexenio anterior.
Durante estos seis años, Don Armando Humberto sufrió una embolia y un accidente de tránsito que casi le cuestan la vida. También perdió su empleo y sufrió un desplazamiento forzado ante una serie de amenazas y hostigamientos por parte de elementos de la Secretaría de Marina para que desistiera en su denuncia penal.
El 21 de marzo del 2016, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 11/2016 al entonces secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, luego de acreditar la desaparición forzada y ejecución arbitraria de Armando Humberto del Bosque Villareal.
Uno de los puntos de dicha recomendación establecía “instruir a quien corresponda, para que personal de la SEMAR en sus operativos implemente, de manera regular, el uso de las cámaras fotográficas, de videograbación y de grabación de audio para que cuente con evidencias de que su actuación es respetuosa de los derechos humanos”.
Sin embargo, esta parte de la recomendación no fue cumplida por la Marina y en mayo del 2018, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una queja por una serie de desapariciones forzadas en Nuevo Laredo atribuidas a un Grupo de Operaciones Especiales de la Marina, acción a la que se sumaron la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Búsqueda.
El sábado 3 de agosto del 2013, en el poblado de Colombia, Nuevo León, Armando Humberto fue detenido por personal de la secretaria de Marina para su “investigación”, luego de presentarse en la Comandancia de la Policía Municipal a denunciar a un vecino que allanó su domicilio para amenazarlo con un arma de fuego.
Dicha persona finalmente resultó ser un “informante” de los marinos y fue dejado en libertad por el capitán Sánchez Labrada, mientras que su denunciante fue ingresado a la Base de Operaciones de la Marina en el poblado de Colombia y después se perdió todo contacto con él.
Armando Humberto, de 33 años y originario de Monterrey, estuvo desaparecido por dos meses, negando la secretaria de Marina que su personal estuviera “involucrado” en esta desaparición forzada.
Posteriormente el jueves 3 de octubre de ese mismo año fueron localizados los restos de Armando Humberto en el interior del rancho Santa Cecilia, a poco más de dos kilómetros de la Base de Operaciones de la Secretaría de Marina; presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza, a manera de tiro de gracia.
Los elementos de la Marina involucrados en estos hechos viajaban en tres camionetas tipo pick up oficiales y además de llevarse detenido a Armando Humberto del Bosque Villareal, se apoderaron de un vehículo tipo Ford Mustang modelo 2000, color gris, toldo negro, y placas de Texas, que también abandonaron a quinientos metros de distancia donde estaba el cuerpo de la víctima.
Por estos hechos, el padre de la víctima, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez, presentó en la PGR la denuncia por desaparición forzada, integrándose la averiguación penal número AP/PGR/NL/ESC-DCSP-I/2086/2013.
Sus familiares acudieron ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo para solicitar su ayuda y denunciar los hechos, enviando escritos de queja al entonces presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y al secretario de la Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz.
También se solicitó la intervención de organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quedando registrada como la número 09/2013. (http://www.amnistia.org.pe/carta-urgente-presidente-pena-nieto/).
En septiembre del 2015, Armando Humberto del Bosque Gutiérrez se entrevistó con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) durante su visita a Monterrey, mientras que en octubre del mismo año, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo entregó un informe al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, respecto a estos mismos hechos.