Rechazan errática política migratoria

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Ciudad de México, 31 de enero de 2020. Organizaciones defensoras de derechos de personas migrantes y con necesidades de protección internacional manifestaron su alerta ante los recientes comunicados emitidos por el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), respecto a la suspensión de ingreso de asociaciones religiosas y organizaciones de sociedad civil, además de expresar su rechazo a una política de Estado errática que vulnerabiliza sistemáticamente los derechos de la población migrante y sujeta de protección internacional y pretende obstaculizar el derecho a defender derechos humanos.

Hace dos días fue hecho público el oficio INM/DGCVM/0118/2020, mediante el cual el INM notifica la suspensión temporal de ingreso a integrantes de Asociaciones Religiosas y de Sociedad Civil a Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales, hasta nuevo aviso.

“Este aviso se suma a una serie de acciones precedentes documentadas desde el año 2017, lo cual resulta sumamente preocupante, pues implica un obstáculo al ejercicio del derecho a defender derechos humanos, pero sobre todo una agravante al derecho a recibir asistencia, acompañamiento integral y representación legal de la población migrante y con necesidades de protección internacional en detención migratoria”, señalaron las organizaciones.

Las organizaciones negaron que fuera un malentendido y sostuvieron que no se trata de una acción aislada, pues tienen conocimiento de la negativa a renovar permisos de ingreso solicitados desde el año pasado.

“Más allá de las declaraciones de actores oficiales tratando de enmendar el oficio del INM, no podemos obviar su existencia y el hecho de que el mismo sigue surtiendo efectos legales y prácticos; lo que no sólo mantiene la restricción de ingreso, sino que además, sienta un precedente negativo que en cualquier otro momento considerado como una “crisis migratoria” por parte del INM, puede volverse a activar provocando una serie de violaciones a derechos humanos, tal y como ocurre en este momento. En los hechos el día de ayer 29 de enero se negó la entrada a personas defensoras en la mayor parte de las instalaciones migratorias en todo el país”, advirtieron.

Señalaron que episodios puntuales, como el ingreso de agencias internacionales de la ONU al centro de detención migratoria Siglo XXI ubicado en la Ciudad de Tapachula, Chiapas para realizar una visita guiada por las autoridades, no pueden sustituir la labor sistemática de monitoreo independiente que realiza la sociedad civil, la cual puede romper la opacidad, monitorear de manera independiente y ejercer una labor preventiva de violaciones a derechos humanos.

“Este conjunto de hechos, además conlleva un desconocimiento e incumplimiento a lo señalado por organismos internacionales a través de las recomendaciones que en su momento han emitido al Estado mexicano, respecto a violaciones a los derechos de acceso a la información, acceso a la justicia y al debido proceso, de las personas migrantes y sujetas de protección internacional detenidas, situación que se agrava en aquellos casos en los que no existe representación legal por parte de alguna de las organizaciones que hoy se ven afectadas por el posicionamiento del INM”, agregaron.

Las organizaciones hicieron las siguientes exigencias:

  1. Aceptar y otorgar lo más pronto posible las facilidades necesarias para la realización de la visita in loco de la CIDH a las Fronteras Sur y Norte.

  2. Abstenerse de cualquier acción que criminalice y obstaculice el derecho a defender derechos humanos, a través de la labor de monitoreo de las organizaciones de la sociedad civil.

  3. Reactivar, de manera inmediata, el ingreso de las organizaciones que realizan acciones de monitoreo, acompañamiento y de representación legal a las estaciones migratorias y estancias provisionales, sin restricciones respecto al permiso de acceso y en cuanto a los lugares de monitoreo a través de acto jurídico debidamente fundado y motivado de la misma manera en la que se emitió el oficioreferido.

  4. Eliminar los obstáculos que se han generado para la renovación de permisos de entrada a estaciones migratorias y a estancias provisionales para las organizaciones de sociedad civil que han presentado solicitudes y que han cumplido con los requisitos en tiempo y forma de acuerdo al marco legal vigente.

  5. Aceptar oficialmente el carácter de lugares de privación de libertad que tienen las estaciones migratorias y estancias provisionales a cargo del INM, y garantizar por lo tanto estándares de trato adecuados a las personas detenidas, incluyendo su derecho a contar con acompañamiento integral de la sociedad civil.