Alertan por contrarreforma penal y escasos avances en FGR

Ciudad de México, 15 de enero de 2020. Organizaciones de la sociedad civil denunciaron que, aún cuando la Fiscalía General de la República (FGR) no ha cumplido su Ley Orgánica ni ha mostrado avances, pretende impulsar una contrarreforma penal que atenta contra los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Las organizaciones lamentaron que se sigan llevando a cabo las mismas prácticas fallidas de la PGR y se realicen prácticas fuera de la ley, como en algunas designaciones; la falta de un Plan de Persecución Penal tanto provisional como definitivo; la ausencia del Consejo Ciudadano de la FGR; la falta de un nuevo marco reglamentario que desarrolle una nueva “Unidad Especial de Género y Violencia Contra la Mujer”, entre otros que se detallan en un informe disponible en: http://bit.ly/3aelbb8.

«Una institución como la FGR no puede exigir el cumplimiento de la ley, incumpliéndola. Se manda un mensaje contradictorio a la sociedad», advirtieron las y los defensores.

Algunas de las malas prácticas que persisten en la fiscalía son: ministerios públicos con más de 30 investigaciones penales, trabajando solos, sin contacto con compañeros(as) de su misma área que puedan estar investigando actividades o grupos criminales similares o con otras áreas de la institución u otras instituciones del Estado; disminución de presupuesto y de personal y falta de aplicación de nuevas metodologías para organizar las áreas e investigar la grave corrupción y las graves violaciones a los derechos humanos.

«El Fiscal General de la República ha declarado que la actual Ley Orgánica y el Sistema Penal Acusatorio mantienen estructuras obsoletas y que han resultado ineficientes, sin embargo, aún no contamos con el diagnóstico oficial de una ley con apenas un año de aplicación y nula evaluación. Adicionalmente ha trascendido que presentará un paquete a otras ocho leyes (incluida la Constitución) que implicaría un serio retroceso de los derechos fundamentales y contrapesos de la Fiscalía», alertaron las organizaciones. «Es irresponsable cambiar una ley que no se ha aplicado y que mucho menos ha tenido evaluación por parte del Fiscal. La actual Ley Orgánica es el resultado del trabajo conjunto de víctimas, organizaciones y el actual gobierno federal. Por ello es importante darle una oportunidad a la Ley Orgánica del 2018».

Las y los defensores señalaron que es responsabilidad de los senadores exigir cuentas sobre el cumplimiento de esta ley, más aún cuando significa la transformación de una institución clave para combatir la impunidad y la corrupción.