Ciudad de México, 14 de enero de 2020. Defensoras de derechos humanos advirtieron que las cifras de personas desaparecidas en el estado de Jalisco no son confiables.
En el Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas, presentado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración y la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) el pasado 6 de enero de 2020, evidenció que Jalisco es la entidad con el mayor número de personas desaparecidas a nivel nacional. «Sin embargo», puntualizó el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C. (Cepad), «abre serias dudas respecto a las metodologías llevadas a cabo en el registro de las cifras presentadas, particularmente las ofrecidas por las autoridades de Jalisco».
Durante el segundo semestre de 2019, el Cepad realizó diversas solicitudes de información a la Unidad de Transparencia de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) para conocer a detalle la metodología usada en el registro de datos relacionados con la comisión de delitos, el registro de víctimas de desaparición y el de averiguaciones previas y carpetas de investigación. La respuesta proporcionada por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas fue que existe un “sistema web de información (…) y no se cuenta con información relativa a manuales, reglamentos, protocolos y/o metodología para la elaboración de estadísticas y resguardo de información, así como la de más información pretendida, ello al no tener obligación legal de generar la misma”.
Para las defensoras, esta situación demuestra que en la FEJ no existen procesos de supervisión en la sistematización de datos y actualización de registros de graves violaciones a los derechos humanos en la entidad, lo que abona a la desconfianza respecto a la fiabilidad de las cifras publicadas tanto en el Sistema de Información Sobre Víctimas de Desaparición (Sisovid) como en el informe de la Comisión Nacional de Búsqueda.
«Los registros también presentan conceptos erróneos en la clasificación de los datos, en relación con las definiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley General en materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGDFDP), aunado a esto, las clasificaciones también son equivocadas según lo establecido en el artículo 89 de la LGDFDP referente a los criterios para clasificar a las “Personas No Localizadas” como “Personas Desaparecidas”», añadieron.
El Cepad exigió que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Gobierno de Jalisco transparenten y establezcan protocolos y metodologías rigurosas y homologadas para la clasificación y elaboración de los registros propios, además de brindar explicaciones claras sobre los procesos realizados para la entrega de información al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de acuerdo a la LGDFDP.
También solicitaron que se posibilite el apoyo de instancias internacionales ante la falta de investigación en cada uno de los casos de las personas desaparecidas en Jalisco, con el fin de contribuir en la mejora de los procesos de investigación y búsqueda, así como la determinación de los responsables en cada uno de los casos en el marco de los principios de justicia y verdad.