Ciudad de México, 09 de enero de 2020. Decenas de organizaciones de la sociedad civil exigieron garantías de seguridad para las cerca de dos mil personas desplazadas de Chichihualco, Guerrero, y para personas defensoras del Centro Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, agredidas al documentar los ataques armados en la zona.
El 28 de diciembre de 2019 inició una balacera en la comunidad de El Naranjo, municipio de Chichihualco. De acuerdo con las y los defensores que acompañan a los afectados, el tiroteo duró alrededor de 8 a 9 horas, dejando el saldo de una persona fallecida, sin que hubiera presencia de autoridad alguna. El Centro de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón constató el despliegue de 16 camionetas de la Guardia Nacional, militares y policía estatal, así como el sobrevuelo de helicópteros de la policía estatal, sin que se diera una intervención de estos cuerpos de seguridad para apaciguar la violencia.
En este contexto, relataron las organizaciones, las personas defensoras de derechos humanos Teodomira Rosales y Manuel Olivares fueron agredidos fuertemente por miembros de las fuerzas especiales de la policía estatal durante la documentación de estos hechos. También fueron despojados de sus pertenencias y dañada la camioneta en que viajaban , además de ejercida violencia sexual contra Teodomira.
«En este sentido urgimos al gobierno del Estado de Guerrero, a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, a intervenir de manera pronta y efectiva para restaurar la paz en la región centro del estado de Guerrero», exigieron las organizaciones, agrupadas en la Red TdT.
Las y los defensores pidieron a las autoridades garantizar la seguridad de las comunidades, en especial de los municipios de Chichihualco, Eduardo Neri y Heliodoro Castillo; establecer un diálogo coordinado con las comunidades desplazadas y con sus representantes para atender debidamente sus exigencias; investigar y fincar responsabilidades de manera inmediata y expedita en relación con las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos; garantizar la reparación del daño para las personas agredidas e investigar de manera específica, incorporando la perspectiva de género, la violencia sexual denunciada por Teodomira Rosales.