Ciudad de México, 25 de noviembre de 2019. La Misión de Observación de la Crisis Humanitaria de Personas Migrantes y Refugiadas en el Sureste Mexicano, señaló en su informe “Impactos de la Política Migratoria de México en la Frontera Sur y sus hallazgos” que existe una flagrante violación a los derechos humanos en esta frontera sur mexicana.
La Alianza Américas, el Grupo Impulsor contra la Detención Migratoria y la Tortura, el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria (GTPM), la Red Jesuita con Migrantes de Centroamérica y Norteamérica (RJM-CANA) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), consideraron que en esta región del país se vive una tragedia humanitaria, en la que se han registrado graves violaciones a derechos humanos.
Hasta mayo pasado, mes en que se realizó la Misión de Observación, se identificaron tres etapas de la actual crisis. La primera correspondió al tránsito de las caravanas desde octubre de 2018, integradas por una diversidad de personas provenientes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, que se enfrentaron a respuestas gubernamentales represivas que intentaron contenerlos bajo la presión y amenazas del gobierno estadunidense.
La segunda etapa dio comienzo en enero de 2019 con el surgimiento de un nuevo grupo desde San Pedro Sula, Honduras, que se encontró en México con una nueva acción gubernamental; y la última etapa, que se originó cuando un grupo de personas, en su mayoría cubanas, realizó una protesta en Tapachula ante las demoras en los trámites del Instituto Nacional de Migración (INM).
El Colectivo de Monitoreo convocó a una Misión de Observación del 29 al 31 de mayo de 2019, ante el deterioro de la situación observada.
Entre sus principales hallazgos encontraron un sistema migratorio rápido y eficiente para la detención y deportación, pero lento, obsoleto, corrupto y burocrático para la asistencia y la atención a tramites de regularización; la incorporación acelerada de fuerzas armadas –Guardia Nacional– en operativos de control, sin ninguna formación en derechos humanos, y un sistema de asilo en Tapachula que se encontraba y aún se encuentra colapsado con más 14 mil solicitudes hasta mayo y una larga fila de espera.
También encontraron una crisis humanitaria por acción u omisión en los distintos niveles de gobierno para atender necesidades básicas de subsistencia, y la presencia extrema de cuerpos de seguridad, así como testimonios de personas migrantes detenidas y golpeadas dentro de instalaciones de fuerzas de seguridad pública (Policía Federal) y disposiciones arbitrarias que violan derechos, como la realización de trámites individuales que ocasionan la separación familiar, o los oficios de salida que obligan a las personas a salir por la frontera sur.
*Con información de Proceso