Ciudad de México, 19 de noviembre de 2019. Los Relatores Especiales para la libertad de expresión de las Naciones Unidas (ONU) y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señalaron su preocupación con respecto a la lentitud en los avances de la investigación del asesinato del periodista mexicano Javier Arturo Valdez Cárdenas, perpetrado en Sinaloa el 15 de mayo de 2017 por sujetos desconocidos que le dispararon al salir de su lugar de trabajo.
«Es inadmisible que a 30 meses del cruel asesinato de Javier Valdez nadie haya sido todavía condenado por el crimen» dijeron David Kaye, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Libertad de Opinión y Expresión, y Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. «La falta de celeridad en la investigación, enjuiciamiento y sanción de todos los responsables puede resultar en la violación adicional de los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales», explicaron.
El asesinato de Javier Valdez llevó a que el entonces Presidente, Enrique Peña Nieto, anunciara que se adaptarían medidas concretas para fortalecer la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y el Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humano y periodistas, con el propósito de garantizar la prevención de agresiones y la protección de la prensa en México.
Los expertos reconocieron los esfuerzos hechos por la FEADLE en coordinación con la Fiscalía General de Sinaloa (FGS), y llamaron al poder judicial a acelerar el proceso y definir la fecha para el inicio del juicio oral. Exhortaron al gobierno mexicano a que se conduzcan bajo los tiempos procesales marcados dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, buscando garantizar el derecho al acceso a la justicia y evitar el correlativo sufrimiento de las familias frente al retraso de tales procesos.
Los expertos señalaron que la dilación del proceso contribuye de manera directa a la impunidad continua en los crímenes contra periodistas en México, por lo que instaron al Gobierno mexicano a reemplazar este paradigma de impunidad por otro que garantice una efectiva investigación, enjuiciamiento y monitoreo, de conformidad con sus obligaciones internacionales.
«Es imperativo que las autoridades gubernamentales intensifiquen el uso de la potestad legal de la FEADLE para investigar y enjuiciar delitos contra periodistas y adoptar medidas de amplio alcance que pongan fin a la impunidad en el país», explicaron.
Adicionalmente, ambos expertos recibieron con profunda preocupación información sobre amenazas recibidas por la esposa del periodista, Griselda Triana, y colegas del semanario Ríodoce, y recordaron a las autoridades mexicanas su obligación de adoptar medidas de protección integral y efectiva para los familiares del periodista y sus colegas.