Ciudad de México, 06 de noviembre de 2019. Organizaciones de apoyo a los migrantes y de defensa de los derechos humanos consideraron que la Recomendación 23VG/2019, emitida por la CNDH con respecto al hallazgo en 2011 de 48 fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas, y por la desaparición de 57 personas, queda en deuda con la verdad y no profundiza en las responsabilidades del Estado.
En ese sentido, llamaron a que la persona que encabece la CNDH próximamente investigue los patrones de actuación del Estado que violan derechos humanos de las personas migrantes.
Las y los defensores recordaron que en los casos de las Fosas de San Fernando, Tamaulipas (2011), la masacre de los 72 migrantes en San Fernando (2010) y la masacre de las 49 personas en Cadereyta (2012) han recibido recomendaciones por parte de la CNDH. «No obstante, en los tres casos, se observaron fallas y violaciones en la investigación de los hechos que dieron lugar a las masacres o las permitieron, los derechos al acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación integral de las familias y sobrevivientes, propiciando la impunidad en la que se encuentran los 3 casos; donde además la Fiscalía General de la República (FGR), no ha llevado a cabo investigaciones efectivas ni tampoco ha agotado las líneas de investigación relacionadas a los agentes del Estado que pudieron haber participado por acción u omisión», lamentaron.
Por ello, las organizaciones consideraron que la CNDH no ha cumplido con el derecho a la verdad para las familias y la sociedad, además de que no ha profundizado en la investigación de los hechos ni establece responsabilidades de autoridades. También acusaron que en los tres casos mencionados se ignoraron las voces de las familias de los migrantes desaparecidos y ejecutados, además de que no se emitieron medidas cautelares oportunas para evitar la cremación de restos en el caso de las fosas.
«La recomendación deja una deuda: el derecho a la verdad; falla en lo más importante que era investigar por qué pasaron las masacres y de qué forma el Estado ha participado ya sea por acción u omisión. Habiéndose elegido al nuevo presidente de la CNDH, queda bajo su responsabilidad preservar la independencia y autonomía en todas sus actuaciones, pero además, transformar de fondo la institución para que responda e investigue los patrones de actuación del estado que violan derechos humanos de las personas migrantes. Le tocará lo que no se ha visto hasta este momento en la CNDH: la congruencia con su mandato y la cercanía con las víctimas y familias afectadas», finalizaron.