La edición de hoy, slider, Temas relevantes de DH, Uncategorized — octubre 18, 2019 at 8:00 am

Resolución sobre Tlatlaya: oportunidad contra la impunidad y por la rendición de cuentas

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Ciudad de México, 18 de octubre de 2019. Frente a la reciente decisión de un tribunal en el caso Tlatlaya, que ordena volver a aprehender a militares involucrados en las ejecuciones arbitrarias, el Centro Prodh señaló que se trata de una oportunidad contra la impunidad y a favor de la rendición de cuentas, pues abre la puerta para avanzar en la rendición de cuentas en un entorno marcado por el uso desproporcionado de la fuerza letal “pues, para terminar con las violaciones a derechos humanos no sólo se requiere cambiar las órdenes, sino también llevar ante la justicia a los perpetradores”.

El miércoles, el diario El País dio a conocer que el sexto Tribunal Unitario del Segundo Circuito, con sede en el Estado de México, ordenó detener de nuevo a los siete militares implicados en la masacre, ocurrida en junio de 2014. La Fiscalía acusa a los siete uniformados de ejercicio indebido del servicio público y a tres de homicidio y encubrimiento. En 2016 todos salieron de prisión luego de que, dejando de lado pruebas cruciales, el mismo tribunal considerase que no había elementos para enjuiciarlos. Pero ahora, tenidas en cuenta todas las pruebas, los jueces han decidido la reaprehensión de los soldados.

Para la organización, que representa a una de las sobrevivientes, la resolución confirma que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, tal y como lo han señalado por cinco años las sobrevivientes y los organismos de derechos humanos. Las y los defensores de derechos humanos señalaron que lo ordenado por la jueza acredita que las autoridades civiles y militares encubrieron los homicidios y evidencia que el análisis del magistrado que dejó en libertad a los militares fue parcial.

En mayo de 2016, el Sexto Tribunal Unitario con sede en Toluca, ordenó liberar por “falta de elementos para procesar” a tres militares; anteriormente, otros militares también habían quedado en libertad por falta de elementos. En la sentencia el magistrado dejó claro que el auto de libertad fue dictado “sin perjuicio de que el Fiscal de la Federación aporte pruebas legalmente suficientes para reunir los requisitos legales para la emisión de un auto de formal prisión por este delito o uno diverso en torno al homicidio de referencia”, por lo que el caso no estaba cerrado y nadie había sido exonerado porque no pudieron ser juzgados.

La organización defensora señaló que esta nueva determinación regresa al Poder Ejecutivo la responsabilidad de aprehender y someter a proceso a los perpetradores, realizando una investigación exhaustiva, además de que concuerda con los recientes cuestionamientos del Comité de Derechos Humanos de la ONU a México sobre mecanismos de responsabilidad y rendición de cuentas en ejecuciones arbitrarias.