“¿Qué delito tienen los árboles? ¿Por qué tanto coraje contra quienes los defendemos?
¿No saben en las oficinas que los campesinos les damos de comer?”
Rodolfo Montiel. Audiencia Corte IDH, San José, Costa Rica a 26 de agosto de 2010.
El día de ayer dio inicio la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) del caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, conocido como el caso Campesinos Ecologistas en San José, Costa Rica. Esto responde a lo emitido por la Comisión IDH el 24 de junio de 2009, luego de que el gobierno de Felipe Calderón, en representación del Estado mexicano, no acató recomendaciones hechas con anterioridad sobre una investigación para sancionar a los responsables de la tortura y que ésta se llevara a cabo en instancias civiles y no militares. La audiencia concluirá hoy.
Rodolfo y Teodoro, detenidos en mayo de 1999, fueron retenidos y torturados por militares que obtuvieron de ellos confesiones autoinculpatorias por delitos fabricados. El objetivo de la detención era claro: apalear a la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán por su resistencia exitosa a la tala de los bosques. Durante un proceso irregular fueron numerosas las voces que se sumaron a su defensa y se solidarizaron con ellos. El 7 de noviembre de 2001 el ejecutivo federal ordenó su liberación por “razones humanitarias” pero no reconoció la inocencia de ambos ni la existencia de violaciones a sus derechos humanos. El 25 de octubre de 2001, días antes de su liberación, por considerar que en México no existían los recursos idóneos y efectivos para lograr la investigación de la tortura y el acceso a la justicia, el caso fue presentado por la defensa, el Centro Prodh, y otras organizaciones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia se basó en que hubo violación a diversos derechos humanos consagrados en la Convención Americana.
La representación de las víctimas estuvo encabezada por Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), y Alejandra Nuñó, del Centro de Justicia y Derecho Internacional (Cejil); mientras que por la CIDH, Rodrigo Escobar Gil. El Estado mexicano estuvo representado por el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín.
La Comisión IDH inició argumentando las causas por las que considera que el Estado mexicano violó diversos artículos de la Convención Americana. Señaló que el fuero militar ha sido indebidamente extendido en cuanto a las denuncias de tortura por parte de Rodolfo y Teodoro, pues éstas sobrepasan cualquier función de defensa y seguridad que el fuero militar hubiera argumentado. El hecho de que los jueces del fuero militar sean militares en activo torna ilusorio el requisito de imparcialidad.
La Comisión IDH solicitó al Estado que declara violación a los artículos 5, 7, 8 y 25. También reiteró la demanda presentada a la Corte.
Rodolfo Montiel agradeció a Dios y a la Corte por permitirle hablar de viva voz sobre el viacrucis que ha venido viviendo como consecuencia de su lucha a favor de los bosques. Dió detalles de la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán (OCESP) y de sus actividades para defender bosques e impedir explotación irracional.
Narró el traslado en helicóptero y cómo estuvo 5 días con militares hasta que le obligaron a «ratificar» declaraciones que no hizo. Pide a la Corte castigo para los torturadores, garantías para él y su familia, desmilitarización de Guerrero y México. El Estado, luego de escucharlo, no tuvo preguntas para Rodolfo.
“Nosotros no estamos en contra de nuestra madre, estamos por la vida, cuidando y preservando los bosques. Entonces, ¿por qué ese ataque a los ecologistas?», señaló.
La defensa afirmó que el Estado debió de haber absuelto a los ecologistas por principio de presunción de inocencia, sin embargo, éste prefirió usar pruebas ilícitas para condenarlos.
El Estado inició por afirmar que la responsabilidad penal de Rodolfo y Teodoro no está en duda. Igualmente afirmó que el caso no guarda relación alguna con justicia militar, pues denuncias de tortura fueron atendidas por tribunales civiles. El estado negó todas las irregularidades del caso y afirma que los campesinos ecologistas tuvieron defensa adecuada y contacto con familiares. Terminó con sus alegatos pidiendo desestimar todas las solicitudes de reparación del daño.
La audiencia continuó.
Para conocer la información completa sobre la audiencia en la Corte IDH, en unas horas emitiremos un boletín desde el Centro Prodh que aparecerá publicado en nuestra página web.