Ciudad de México, 24 de septiembre de 2019. Este 23 de septiembre se realizó el Acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por parte del Estado mexicano hacia Martha Alicia Camacho Loaiza, por los actos de detención arbitraria, tortura y desaparición en contra de ella y de su hijo Miguel Alfonso, además de la ejecución arbitraria contra su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga aún desaparecido, todo en el contexto de la llamada “Guerra Sucia”.
En su oportunidad, Martha Camacho, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS), sostuvo que el acto es «ganarle al olvido», pues en administraciones anteriores se apostó al desgaste de las madres en búsqueda y las personas sobrevivientes. Martha consideró que el evento de disculpa pública es un punto de partida y un reconocimiento de lo que vivió, y que la misma puerta se debería abrir a otras familias.
En su intervención, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, dio un contexto de lo que significó el periodo de la llamada Guerra Sucia y la importancia del reconocimiento de responsabilidad de parte del Estado.
«En cumplimiento a obligaciones del Estado y a la importancia de reivindicar la memoria, realizamos este acto como un acto de justicia, ella nunca ha olvidado y da hoy un paso que implica mucho para otras víctimas», declaró el subsecretario.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, concretó: «A nombre del Estado mexicano les ofrezco una disculpa pública por la violación sistemática de sus derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado».
La secretaria también reconoció los obstáculos y dilación de instituciones encargadas de impartir justicia y los agravios a la dignidad y honor de las víctimas, y resaltó los agravios de género cometidos contra Martha -como la tortura sexual y la violencia obstétrica.
Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras el pago de rescate por parte de su familia y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia formal por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.
Más de diez años después, el 07 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR –que se hizo cargo de los expedientes no resueltos por la Femospp luego de su disolución- notificó a Martha el no ejercicio de la acción penal. La PGR sostuvo que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito por haberse cometido casi cuatro décadas atrás.
Inconformes con esta decisión, Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la Guerra Sucia se cometieron delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados.
El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp- para considerar que durante el periodo de la Guerra Sucia se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivos de delitos de lesa humanidad.
La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia de fecha 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó que los delitos son imprescriptibles y que la PGR debía investigar con diligencia: en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato; en el caso de Martha Camacho, tortura.
A la fecha, la investigación sigue abierta. Martha Camacho advirtió que debe haber justicia y que sanar al país «requiere verdad, justicia y memoria», para que el cambio de régimen sea una verdadera transición democrática.
El 14 de junio de 2019, la CEAV emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel Alapizco Lizárraga, Martha Alicia Camacho Loaiza y Miguel Alfonso Millán Camacho al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado.
Las disculpa públicas son una de las medidas de reparación que el Estado se encuentra obligado a proveer a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, aquellas centradas en el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.
«Que la demanda de justicia por la que he luchado tantos años haga eco y retumbe en las entrañas de la impunidad», finalizó Martha.