Ciudad de México, 23 de septiembre de 2019. Por primera vez, el Estado mexicano ofrecerá una disculpa pública a sobrevivientes del periodo conocido como «Guerra Sucia» en México.
Quien recibirá la disculpa hoy a las 12:00 horas en el Centro Cultural Tlatelolco es Martha Alicia Camacho Loaiza, presidenta de la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos de Sinaloa (UMHDS) y sobreviviente de desaparición forzada y tortura.
Martha Alicia Camacho Loaiza y su esposo José Manuel Alapizco Lizárraga, militantes de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fueron detenidos el 19 de agosto de 1977 en Culiacán, Sinaloa, por soldados de la IX Zona Militar, policías estatales y miembros de la Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Martha fue torturada durante 49 días en la Novena Zona Militar en Culiacán; obligada a presenciar la tortura y ejecución arbitraria de su esposo –cuyo cuerpo fue desaparecido– y a dar a luz en condiciones infrahumanas. Recuperó su libertad tras el pago de rescate por parte de su familia y se convirtió en una de las pocas sobrevivientes de estos hechos.
Tras la creación en 2001 de la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Martha Camacho, con el acompañamiento del Centro Prodh, interpuso el 22 de mayo de 2002 una denuncia formal por el asesinato y desaparición forzada de José Manuel y por tortura y desaparición forzada consumada de ella misma.
Más de diez años después, el 07 de febrero de 2013, la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales de la PGR –que se hizo cargo de los expedientes no resueltos por la Femospp luego de su disolución- notificó a Martha el no ejercicio de la acción penal. La PGR sostuvo que los delitos denunciados –homicidio, allanamiento de morada, abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad, encuadrados en el fuero común– habían prescrito por haberse cometido casi cuatro décadas atrás.
Inconformes con esta decisión, Martha Camacho y su hijo promovieron un juicio de amparo indirecto en el Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México bajo el número 227/2013, argumentando que en el contexto de la Guerra Sucia se cometieron delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben y deben ser investigados y sancionados.
El juzgado concedió el amparo el 29 de julio de 2014 y señaló que en la averiguación previa existían suficientes elementos -incluyendo el “Informe Histórico a la Sociedad Mexicana” de la Femospp- para considerar que durante el periodo de la Guerra Sucia se habrían cometido violaciones a derechos humanos que pueden ser constitutivos de delitos de lesa humanidad.
La PGR recurrió la decisión, pero una sentencia de fecha 13 de julio de 2015, dictada dentro del Amparo en Revisión 209/2014 por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, confirmó que los delitos son imprescriptibles y que la PGR debía investigar con diligencia: en el caso de José Manuel Alapizco, la desaparición forzada y asesinato; en el caso de Martha Camacho, tortura.
A la fecha, la investigación sigue abierta.
El 14 de junio de 2019, la CEAV emitió una resolución para determinar el plan de reparación integral del daño en favor de José Manuel Alapizco Lizárraga, Martha Alicia Camacho Loaiza y Miguel Alfonso Millán Camacho al reconocerlos como víctimas de violaciones graves, generalizadas y sistemáticas a derechos humanos ocurridas en un contexto de violencia política del pasado.
Las disculpa públicas son una de las medidas de reparación que el Estado se encuentra obligado a proveer a las víctimas de violaciones graves a derechos humanos, aquellas centradas en el restablecimiento de la dignidad de las víctimas.