Ciudad de México, 29 de agosto de 2019. Mientras la periodista y defensora de los derechos de las niñas, Lydia Cacho, debió abandonar México por las agresiones en su contra, los funcionarios públicos que la torturaron siguen libres porque no se han ejecutado las órdenes de aprehensión en su contra, denunció la organización ARTICLE 19.
Cacho Ribeiro cumple un mes de desplazamiento forzado tras las agresiones perpetradas el 21 de julio pasado, cuando dos sujetos armados allanaron su casa, envenenaron a sus perras y robaron material periodístico sensible. Al percatarse de la falta de garantías mínimas para ejercer su labor y continuar con el proceso de búsqueda de justicia por los hechos de detención arbitraria, tortura y violencia sexual perpetrados en su contra en diciembre de 2005, la periodista abandonó el país.
«Los actos de violencia cometidos contra ella se ejecutaron a pesar de la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en julio del año pasado, y la reactivación de las investigaciones que decantaron en órdenes de captura contra diversos policías judiciales del Estado de Puebla y Quintana Roo, así como contra Mario Marín, Adolfo Karam y Kamel Nacif. De hecho, la principal línea de investigación respecto al allanamiento y robo cometidos en su agravio se relaciona con la clara intención de propinarle un castigo, amenazas y represalias por la exigencia de justicia y el subsecuente libramiento de las órdenes de aprehensión», señaló la organización.
En días pasados, medios de comunicación en el Estado de Puebla informaron que Mario Marín Torres asistió a una fiesta en Atlixco, Puebla el 28 de julio, siete días después de la agresión contra Lydia, y que pobladores de Nativitas Cutempan (su pueblo natal) refieren que el ex gobernador poblano se pasea por el lugar. Hoy se informó que el ex jefe policíaco Adolfo Karam, a través de sus empresas de seguridad privada, presta servicios de seguridad al Metrobus en la capital poblana.
«Con la orden de captura en contra de Kamel Nacif, Adolfo Karam y Mario Marín se abría una oportunidad histórica para que este gobierno revirtiera el patrón de impunidad en la violencia contra mujeres, defensoras y periodistas. Sin embargo parece que los intereses que protegen a la mafia político-empresarial que compone las redes internacionales de pederastia y trata de menores de 18 años, son mucho más grandes que cualquier intento de legitimarse mediante el cumplimiento de la ley», consideró ARTICLE 19, que agregó que sabiéndose impunes, los exfuncionarios escalan la violencia contra Cacho Ribeiro.
Al respecto, la periodista señaló que “estar fuera de mi país es equivalente a una condena o sanción por hacer mi trabajo y por buscar justicia. Me encuentro en situación de desplazamiento forzado con la subsecuente violación de mis derechos humanos a la integridad, libertad y seguridad personales ante la incapacidad del Estado mexicano para protegerme como sobreviviente de tortura y garantizarme justicia; todo parece indicar que el Fiscal General de la República les está dando tiempo a lograr amparos bajo actos de corrupción para argumentar que no les puede detener”.
La organización exigió que el Estado mexicano acate la decisión final adoptada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, a efecto de que se ejecuten sin dilaciones las órdenes de aprehensión contra cuatro policías, Adolfo Karam, Mario Marín y Kamel Nacif, y que se garantice la seguridad e integridad personal del Lydia Cacho en el marco de implementación de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
A la defensora de las niñas y mujeres se le acusó en 2005 de los delitos de difamación y calumnia por denunciar en su libro Los demonios del edén la existencia de una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes. Fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, presuntamente por policías, sin que fuera exhibida una orden de captura, y llevada a Puebla en un vehículo del empresario textilero Kamel Nacif, señalado en el libro y quien fue su principal acusador.
En julio de 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano y le ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” en el caso de la violación de derechos humanos de la periodista, en un hecho inédito por los alcances casi jurisdiccionales de la decisión. La ONU consideró acreditado que en el trayecto, la periodista fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.
Debido a ello, la Fiscalía Especia para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) giró el pasado 11 de abril órdenes de aprehensión contra Marín Torres (ex gobernador de Puebla), Kamel Nacif, Juan Sánchez Moreno y Hugo Adolfo Karam, por su probable responsabilidad como autores intelectuales por los hechos de tortura en contra de la periodista. Sin embargo, Cacho Ribeiro acusó que la Fiscalía General de la República no tiene interés en detener al exgobernador de Puebla.