En agosto de 2017, el Grupo de Trabajo concluyó que la detención de García y Alpízar era arbitraria, por ausencia de base legal y por haber sido impuesta mediante un procedimiento que no respetó las garantías básicas de un juicio justo.
“Los Sres. García y Alpízar habrían sido detenidos sin una orden de arresto y no fueron llevados sin demora ante un juez”, indicó Leigh Toomey, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo. “Adicionalmente, no se respetó la presunción de inocencia y fueron presuntamente sometidos a torturas, con el propósito de extraer de ellos confesiones o declaraciones incriminatorias”.
La opinión 66/2017 del Grupo de Trabajo fue transmitida al Gobierno de México el 2 de octubre de 2017. El 13 de abril de 2018, el Grupo de Trabajo solicitó al Gobierno información sobre las medidas adoptadas para implementar la misma.
El Grupo de Trabajo recibió información reciente sobre la continua negación de la libertad de los dos detenidos en México. Tampoco hay evidencia de que se haya investigado y sancionado la presunta tortura que les ha sido infligida.
Actualmente hay dos recursos de apelación que revisan la legalidad de una decisión que se niega a acordar medidas alternativas a la prisión preventiva.