Ciudad de México, 26 de junio de 2019. A 57 meses de los hechos ocurridos en Iguala el 26 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se crea la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa” y se dio a conocer la designación de su titular, Omar Gómez Trejo.
Para los familiares de los estudiantes desaparecidos y para las organizaciones acompañantes, el anuncio significa el inicio de una nueva etapa en la investigación penal de los crímenes cometidos contra los 43 normalistas de Ayotzinapa.
«En particular, el nombramiento del nuevo titular es motivo de esperanza. Su conocimiento profundo del caso y su trayectoria en organismos internacionales de defensa y promoción de los derechos humanos permiten presumir que su aproximación a la indagatoria será profesional y objetiva», abundaron las organizaciones.
Las familias y sus representantes señalaron que los retos de la recién creada Unidad no son menores. «El nuevo Fiscal estará a cargo de una investigación compleja, con múltiples líneas pendientes por profundizar; con acusaciones pendientes que presentar y con planes de búsqueda que materializar. Por ello resulta fundamental que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dé seguimiento a esta acertada decisión y acompañe e impulse permanentemente los esfuerzos de la nueva Fiscalía», advirtieron.
Consideraron fundamental que el titular de la nueva unidad trabaje de la mano de la Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia en el Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y de organismos internacionales de derechos humanos, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).
«Para las familias de los estudiantes desaparecidos, el anuncio abre una nueva oportunidad para que la FGR muestre que puede dar respuesta a las familias que buscan a sus desaparecidos y que es capaz de romper los pactos de impunidad que encubren las graves violaciones de derechos humanos cometidas en el país, como tantas otras víctimas y como la sociedad en su conjunto lo anhelan», señalaron.