Denuncian intentos por restringir libertad de prensa en Tijuana

Ciudad de México, 10 de junio de 2019. La organización defensora de la libertad de expresión ARTICLE 19 alertó de dos eventos que ponen en riesgo la libertad de prensa en Tijuana, Baja California: una orden judicial a un medio de comunicación para eliminar información y una demanda por daño moral contra diversos periodistas.

El  6 de junio de 2019 fue notificada en las instalaciones del medio de comunicación AFN Tijuana la orden del Juez Tercero de lo Penal de Tijuana para que “bajen y eliminen de sus servidores web, páginas web, redes sociales, archivos digitales y demás apartados dónde pudieran almacenar información de Rogelio ‘N’ 1 (…)”.

Esto se deriva de una nota del 18 de noviembre de 2011 sobre el asesinato de dos personas, pero la orden carece de la fundamentación y motivación legal que llevó al juez a  adoptar la determinación, señaló la organización.

Por otra parte, el pasado 31 de mayo Sonia de Anda y Daniel Iglesias, periodistas de Uniradio,así como Eduardo Villa e Isaí Lara de Semanario Zeta recibieron información de la demanda por supuesto daño moral cometido por ellos y diversas personas en contra de la empresa de seguridad privada Seguritech Privada S.A. de C.V.

La demanda estaría originada por la cobertura periodística de la y los comunicadores respecto a la designación de dicha empresa como la encargada de instalar la infraestructura del nuevo sistema “C5” de videovigilancia, situación que ha originado la oposición de diversos sectores sociales al considerar que lo que se necesita es una mayor seguridad con elementos de policía y no únicamente con sistemas como el señalado.

«Preocupa a ARTICLE 19 el uso constante del sistema judicial para restringir el derecho a la libre expresión y el derecho a la información de las y los periodistas involucrados y de la sociedad al pretender que la misma no reciba información libre y plural de los hechos ocurridos en su entorno», advirtió la organización, que señaló que las decisiones de los juzgadores deben estar fundadas en la legislación existente y en apego a estándares internacionales.