Ciudad de México, 28 de mayo de 2019. Defensoras del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte de Ciudad Juárez, Chihuahua, escucharon cuando policías ministeriales torturaban a un detenido y fueron amenazadas con iniciar un proceso en su contra por «obstrucción de una investigación» al quejarse del hecho.
De acuerdo con el relato de las defensoras, el día 17 de mayo, aproximadamente a las 14:30 horas, dos de ellas se encontraban realizando una diligencia dentro de la Fiscalía General del Estado y observaron cómo agentes ministeriales trasladaban violentamente a un detenido. Al dirigirse a la Unidad de Control Interno, escucharon dentro de la Unidad Antiextorsión actos de tortura, tales como gritos y llantos de un detenido, además de golpes y amenazas con palabras altisonantes.
Las integrantes de la organización, ostentándose como defensoras de derechos humanos, confrontaron personalmente a los agentes por la flagrante violación de derechos humanos que estaban cometiendo pero estos les exigieron que se retiraran ya que se encontraban en medio de una “investigación”. Ellas acudieron a la Unidad de Control Interno para advertir de lo que estaba sucediendo y ahí irrumpieron dos de los agentes involucrados, quienes se burlaron de ellas y las amenazaron con detenerlas.
«Cabe resaltar que de los 199 casos de tortura que la organización firmante ha documentado desde el 2011 hasta la actualidad, en 16 de ellos 42 personas han sido acusadas del delito de extorsión y han señalado como responsables a agentes ministeriales y ministerios públicos pertenecientes a la Unidad Antiextorsión de la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, y aun después de haber sido constantemente señalados en carpetas de investigación por el delito de tortura continúan laborando en la institución.», denunció el Centro de Derechos Humanos.
Las defensoras consideraron preocupante que el Fiscal General del Estado, César Augusto Peniche Espejel, niegue constantemente la práctica de la tortura dentro de la institución argumentando que las alegaciones de tortura de personas imputadas se deben a una estrategia de defensa para buscar beneficios.