Ciudad de México, 23 de mayo de 2019. Al tiempo en que el Senado mexicano aprobaba cuatro leyes para la Guardia Nacional, especialistas, académicos y personas defensoras de derechos humanos rechazaron la vía militar para la seguridad pública.
Reunidos en la Segunda Conferencia Internacional «Seguridad Ciudadana: La Vía Civil», las y los expertos insistieron en que un análisis internacional comparado muestra que las políticas centradas en el uso de la fuerza y la intervención militar se han mostrado incapaces de contener las violencias, reducir la delincuencia y las violaciones graves a los derechos humanos y fortalecer el Estado de Derecho. Fue claro el consenso entre las y los especialistas de la necesidad de construir un paradigma de seguridad ciudadana que, como tal, ponga en el centro a las personas, en particular a las víctimas y a las poblaciones en condiciones más vulnerables, a través de políticas integrales, multidimensionales y soportadas en enfoques transversales de prevención y de género.
Se consideró que la Ley de Seguridad Interior y la Guardia Nacional son eventos que parecen buscar atajos y promesas de seguridad en el corto plazo, en reemplazo de la ruta deseable y necesaria, aunque mucho más compleja y lenta, que es la refundación de las políticas de seguridad.
Ente las principales conclusiones se enlistaron:
1. La política de seguridad pública enfocada principalmente en el uso de la fuerza y la intervención militar no ha sido la vía eficaz para recuperar la seguridad y la paz.
2. La vía de recuperación de la seguridad y la paz es la seguridad ciudadana, paradigma que debe también ser sometido a debate en sus alcances, y que coloca en el centro a las personas y sus derechos fundamentales, privilegia la mayor inversión posible en la prevención y construye instituciones policiales auténticamente orientadas al servicio y la protección de la gente, en especial la que se encuentra en mayores condiciones de vulnerabilidad.
3. Las autoridades, la investigación científica y el activismo social deben construir procesos colaborativos sostenidos en el tiempo, orientados hacia la exploración creativa para encontrar alternativas eficaces y legítimas para la seguridad con Derechos Humanos. Hacen faltas alternativas viables y creíbles para las mayorías.
4. La construcción y análisis de la evidencia debe tomar un lugar protagónico en el proceso de aprendizaje por igual de las autoridades y de la sociedad en general. Deben buscarse incansablemente los formatos de interlocución que validen colectivamente la relevancia de la evidencia para la toma de decisiones.
5. Las lecciones internacionales son contundentes a favor de la construcción local de la seguridad. México ya cuenta con experiencias prometedoras de seguridad en el terreno local, mismas que suelen ser invisibilizadas desde el discurso federal. Por el contrario, deben ser visibilizadas y multiplicadas y la Guardia Nacional misma debe contribuir a su fortalecimiento.
6. La intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es parte de un ciclo histórico de debilitamiento civil que solo será superado precisamente con el liderazgo civil incuestionable, no solo sobre las políticas de seguridad, sino respecto al sistema político en su conjunto.
7. El eje de sentido de la seguridad ciudadana son las personas, en especial quienes están en mayor riesgo de ser o han sido víctimas de la violencia y de violaciones graves a los Derechos Humanos, y su columna vertebral es la transparencia y la rendición de cuentas. No habrá seguridad ciudadana sin aquéllas y éstas.
8. La Guardia Nacional y todas las instituciones policiales deben hacer parte y a la vez seguir los parámetros de una política integral de seguridad ciudadana, y no al revés. La GN y las instituciones policiales no equivalen a las políticas de seguridad. La política pública de seguridad debe estar a cargo de liderazgos civiles profesionales competentes para integrar una visión compleja e intervenciones precisamente complejas.
9. La Guardia Nacional es civil por mandato constitucional. Todas las normas que la regulan y los procesos que la hagan operativa deben ser controlados por la autoridad civil y por procesos de supervisión internos y externos que además involucren a la ciudadanía. Lo contrario sería traicionar el mandato constitucional.
10. La dimensión de la crisis de violencias, delincuencia y violaciones graves a los Derechos Humanos, debe ser enfrentada no solo con medidas simultaneas de saneamiento y profesionalización de los aparatos de seguridad y justicia penal, lo que en especial implica el abatimiento de la corrupción y la impunidad, sino también la puesta en marcha de un proyecto de justicia transicional que implique la intervención internacional.
11. La Constitución ordena terminar en cinco años la intervención militar en la seguridad pública. De no haber una ruta pública, precisa, sujeta a rendición de cuentas y verificable en sus resultados para así lograrlo, estaremos una vez más ante el riesgo de prolongación de la política enfocada en el uso de la
fuerza y la intervención militar.
12.Los sistemas interamericano y universal de los Derechos Humanos, desde el ámbito de sus competencias, deben cumplir un rol protagónico en la ruta de la vía civil. No hay la menor duda, la salud institucional democrática de la Guardia Nacional pasa por el control político y operativo civil, exactamente como lo mandata la reforma constitucional que la creó. De ese control civil debe emanar el mecanismo que asegure el cumplimiento del plazo constitucional de cinco años para el
retiro militar de las tareas de seguridad ciudadana. El liderazgo federal en la profesionalización del sector civil de la seguridad y el fortalecimiento del mismo en el terreno local es en consecuencia más apremiante que nunca.