Reconoce juzgado que reunión informativa sobre presa en Sonora era precipitada y la aplaza

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* Los tiempos y modos de la reunión no son los propicios para la participación plena de la comunidad sobre el proyecto de Grupo México, señalan ONG.

Ciudad de México, 13 de mayo de 2019. El Juzgado Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, ordenó aplazar de la reunión pública sobre la nueva presa de jales de Grupo México, que llevaría a cabo la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Bacánuchi el martes 14 de mayo, e instruyó para que la autoridad ambiental fije una nueva fecha para esta reunión “para que los quejosos cuenten con mayor tiempo para preparar su asistencia”.

En septiembre de 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un fallo a favor del pueblo de Bacánuchi, Sonora, en el que reconoce su derecho a la participación en temas públicos medioambientales. Los habitantes de Bacánuchi -afectados por el derrame de tóxicos del consorcio minero Grupo México en el año 2014- habían interpuesto un amparo para participar en la decisión sobre la ampliación de una presa de jales de la minera.

La comunidad argumentó que la reunión convocada por la Semarnat tenía características que no hacían honor a la sentencia de la Suprema Corte, donde garantizó su derecho a la participación en temas ambientales que le afectan. Si bien se aplazó la reunión, “el juzgado no está atendiendo nuestros argumentos para la mejor implementación de la sentencia de la SCJN, principalmente aquellos que tienen que ver con la participación plena de la comunidad y los mecanismos para asegurar que esta participación sea efectiva”, lamentó Luis Miguel Cano, abogado de PODER y parte del equipo legal que acompaña a la comunidad en este proceso. Anunció que la comunidad de Bacánuchi interpondrá un recurso para que se acate a cabalidad la sentencia de la Suprema Corte.

Fernanda Hopenhaym, codirectora ejecutiva de PODER, se pronunció por que esta prórroga del juzgado “sea una oportunidad para que la Semarnat pueda implementar un proceso de participación para Bacánuchi que sea un ejemplo de buenas prácticas y tome lo mejor de los acuerdos internacionales en la materia; que garantice la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y el derecho de las comunidades a vivir en un medio ambiente sano, tal y como lo estipula el Acuerdo de Escazú, del que México es firmante. Bacánuchi puede ser un ejemplo de cómo llevar un proceso de participación activa, libre, informada y efectiva”. Se espera que la reunión de información en Bacánuchi se convoque a partir de la segunda semana de junio, de acuerdo a instrucciones de la jueza.

Han pasado casi cinco años del mayor desastre ecológico en la historia minera del país, cuando 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado, provenientes de la mina de Grupo México, terminaron en los ríos Bacánuchi y Sonora, y afectaron seriamente a más de 22 mil personas e indirectamente a más de 250 mil. El mes de febrero de 2018 se extinguió un fideicomiso que se ordenó a la minera sin que se hayan realizado acciones sustantivas para remediar el daño causado.