Indígenas presos en tres centros de reclusión del estado de Chiapas cumplen este miércoles, 10 de abril, 26 días en huelga de hambre, con una única demanda: su liberación inmediata e incondicional, luego de acumular más de una década encarcelados, sin que en su contra existan pruebas de culpabilidad, salvo confesiones extraídas bajo tortura.
“A lo largo de este caminar –explica Juan Pablo Nava Gómez, del Grupo de Trabajo No Están Sol@s, que da acompañamiento a las familias de los presos en huelga de hambre– lo que nos hemos encontrado es que el gobierno de Chiapas es muy racista, y en contra de los indígenas usan la tortura como un mecanismo cotidiano para crear chivos expiatorios (personas inocentes, incriminadas para otorgar impunidad a los verdaderos perpetradores)”.
Esta práctica de inculpación de integrantes de comunidades indígenas, explicó Juan Pablo Nava, es resultado de un esquema de corrupción penitenciario permitido y fomentado por el gobierno estatal (entonces encabezado por Manuel Velasco, del Partido Verde), mediante el cual se compran y venden los favores del Sistema de Justicia en beneficio de aquellos que pueden pagar, “y como las poblaciones indígenas enfrentan pobreza extrema, pues son sus integrantes los que terminan colmando las cárceles del estado, no por ser culpables, sino porque no importa que sean inocentes”.
Para las autoridades chiapanecas, denunció, “los indígenas son sacrificables, son los que pueden cargar sentencias en vez de los verdaderos culpables, y esto es una clara forma de racismo”.
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