*La anterior administración se empeñó en «tumbar» la sentencia del tribunal colegiado.
Ciudad de México, 29 de marzo de 2019. El Gobierno federal y la Fiscalía General de la República notificarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su intención de cumplir la sentencia de un tribunal colegiado en Tamaulipas que ordenó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia en el caso Iguala.
En mayo de 2018, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito, al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa dada la gravedad de las irregularidades detectadas, resolver las alegaciones de tortura de las personas imputadas y crear una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (Caso Iguala) con controles externos, a saber, la representación de las familias y la CNDH, con asistencia de organismos internacionales.
Al menos 10 instancias federales interpusieron cerca de 200 recursos legales especialmente contra la creación de la comisión investigadora, a pesar de que la naturaleza de la sentencia la hace inatacable. Algunos de los recursos llegaron a la SCJN.
Tras una reunión efectuada ayer entre la Comisión para el caso Ayotzinapa -creada por decreto presidencial e integrada por funcionarios federales, familias y representantes de éstas- con el Ministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar, se informó que el nuevo Gobierno federal tiene la intención de acatar la sentencia del tribunal.
El subsecretario Alejandro Encinas, en su calidad de titular de la Comisión Presidencial, recordó que el Congreso de la Unión ya había enviado a la Corte un oficio firmado por el Jefe de la Mesa Directiva, Porfirio Muñoz Ledo, en donde referían que darían cumplimiento a la sentencia. Lo mismo haría la Fiscalía General de la República.
El Ministro presidente de la Suprema Corte señaló que iban a actuar conforme a derecho y que en realidad si había la disposición del Poder Ejecutivo de cumplir la sentencia, lo que veía es que no hay causa de reclamo.
Durante la reunión, los padres de los normalistas reiteraron al Ministro presidente que la Corte tenía que decidir de lado de quién está, si del lado de las víctimas o del poder público que representó Enrique Peña Nieto.
Mientras que el objetivo de la comisión presidencial ordenada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es coordinar todo el apoyo institucional para el acceso de las familias a la verdad y la justicia, lo ordenado por el tribunal busca la creación de una unidad especial de investigación penal dentro de la FGR, con contrapesos de víctimas y supervisión de organismos internacionales de derechos humanos.