*La justicia en los casos de desaparición a menudo debe incluir una dimensión restaurativa, que restañe los daños causados con la estigmatización de las víctimas.
Ciudad de México, 03 de marzo de 2019. Cuando se escucha con atención a familiares de personas desaparecidas, una de las constantes en los casos es el dolor añadido que trae a su tragedia el hecho de que las autoridades y los medios de información criminalicen a sus seres queridos: que se insinúe que las víctimas “en algo andaban”; que se destruya la imagen de una madre, un hijo, un esposo; que se le cargue a la persona desaparecida la culpa del delito cometido en su contra.
Esta criminalización puede erigirse en una barrera para el acceso a la verdad, pues trasciende en que las investigaciones se desarrollen sin diligencia y sin empatía a las víctimas, dejando a los propios recursos de las familias la búsqueda. Además, la difusión de estos señalamientos, realizada muchas veces para responder a la presión social o mediática, tiene repercusiones en los lazos sociales: vecinos, conocidos y amigos prefieren apartarse de quienes han sido estigmatizados como parte del crimen y la violencia, cortando así los apoyos cuando son más necesarios para afrontar una tragedia de esta dimensión.
Frente a esta realidad, la justicia en los casos de desaparición a menudo debe incluir una dimensión restaurativa, que restañe los daños causados con la estigmatización de las víctimas. Precisamente por ello, este lunes se realizará un acto de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública para las familias de Tierra Blanca.
La desaparición forzada de José Alfredo González Díaz, Mario Arturo Orozco Sánchez, Susana Tapia Garibo (adolescente al momento de los hechos), José Benítez de la O y Bernardo Benítez Arroniz, lanzó a sus padres y madres a un proceso intenso de búsqueda y de confrontación con autoridades. Un largo plantón ante el Ministerio Público, visitas a medios, presión a jefes policiales: las familias debieron echar mano de múltiples recursos para exigir que se esclareciera el paradero de sus hijos. Por supuesto, no faltaron los señalamientos desde las propias instituciones de que las víctimas andaban en malos pasos, estigmatizándolos y desdibujando la responsabilidad de agentes policiales que, a la postre, se documentó cometían en Veracruz masivamente graves violaciones a los derechos humanos en contubernio con el crimen organizado.
Los padres y las madres de estos jóvenes, que apenas comenzaban la vida adulta y que el 11 de enero de 2016 solamente querían regresar a sus hogares, lograron poner luz sobre los centenares de desapariciones y desapariciones forzadas que se pretendían mantener en la sombra en Veracruz. El día de la desaparición forzada de sus hijos e hija marcó el inicio de un camino que aún no concluye. En este andar, el que se haya ordenado la realización de esta disculpa pública es un logro que no puede adjudicarse a nada más que a su persistencia, dignidad y amor.
El Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y Disculpa Pública que encabezará el nuevo gobierno estatal de Veracruz reivindicará a José Alfredo, Mario Arturo, Susana, José y Bernardo como personas inocentes y víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos por parte de quien debería protegerlos. De realizarse dignamente y poniendo en el centro la palabra de las familias, significará un paso importante hacia la justicia y emitirá un mensaje poderoso hacia el resto de la sociedad, especialmente a las familias que también han padecido la estigmatización de sus seres queridos desaparecidos.
Las familias también han dejado claro que este acto no concluye su lucha sino que, por el contrario, debe impulsar a la justicia para que se finquen responsabilidades a todos los niveles por lo sucedido. Medidas reparatorias como las disculpas sólo adquieren su potencialidad plena cuando van acompañadas de la verdad de lo sucedido y de justicia para las víctimas.
Para las instituciones, la realización de este acto es una inigualable oportunidad de comenzar a materializar el anunciado cambio de políticas hacia las personas desaparecidas. En un contexto tan complicado y doloroso como el del estado de Veracruz, la disculpa pública es una forma de aceptar el diagnóstico de crisis, reconocer los pendientes en materia de justicia y comenzar a atenderlos poniendo a las víctimas en el centro.
*Artículo publicado en Animal Político