*Se debe garantizar una política integral de memoria y verdad, señalan organizaciones.
Ciudad de México, 13 de febrero de 2019. Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en historia llamaron al Gobierno federal a implementar una estrategia integral en materia de memoria, verdad y justicia que permita que la apertura de archivos de inteligencia anunciada por el titular del Ejecutivo sea de utilidad en el combate contra la impunidad.
El pasado 23 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que firmará un decreto para abrir los archivos pertenecientes al Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), sin que hastel momento se haya decretado ninguna acción al respecto, a pesar de la urgencia por generar medidas de protección para resguardar la integridad del acervo documental de dicha institución, señalaron ARTICLE 19, el Comité Mexicano de Ciencias Históricas y la Escuela Mexicana de Archivos.
«La apertura de archivos del CISEN es un buen precedente para abrir los acervos de otras instituciones de seguridad que cuentan con información relativa a graves violaciones de derechos humanos del pasado y del presente, tales como SEDENA, SEMAR o PGR, así como promover la apertura de archivos en los estados. México se encuentra sumergido en una grave crisis de derechos humanos y la documentación de las instituciones del estado es, sin duda, una fuente importante de información para las víctimas y la sociedad sobre los hechos que no quisiéramos que se repitan», explicaron las organizaciones.
Algunas de las recomendaciones ofrecidas por las y los expertos para este proceso son: organizar y resguardar estos archivos para garantizar que no sean destruidos en el proceso de la transferencia secundaria; que el Decreto Presidencial contemple la transferencia completa al Archivo General de la Nación con el carácter de documentación histórica; generar un Registro Nacional de archivos vinculados a violaciones de derechos humanos; generar mecanismos de acceso que no pongan en riesgo la integridad de testigos o de personas que fueron objeto de las labores de inteligencia del CISEN; abrir los archivos de todas las fuerzas de seguridad, y en particular de la SEDENA; implementar otras medidas que abonen a la rendición de cuentas en cuanto a concesiones, contratos, designaciones públicas, ejecución de gasto, etcétera; incrementar el presupuesto al Archivo General de la Nación; hacer que la Ley General de Archivos entre en vigor inmediatamente y reglamentar la Ley General de Archivos de manera abierta a la sociedad civil y la academia.
«En este sentido, el Estado debe crear una política integral en cuanto a memoria, verdad y justicia de las violaciones a derechos humanos cometidas en las últimas cinco décadas, que garantice que las víctimas y la sociedad puedan tener acceso a conocer la verdad sobre lo que pasó en esas décadas, sobre quiénes fueron las víctimas, los perpetradores, y en qué contexto se dieron las violaciones a derechos humanos. El derecho a la verdad se convertirá así en un paso indispensable para alcanzar la justicia, y a partir de ahí garantizar la no repetición de violaciones graves a derechos humanos», finalizaron.