*Llama a que se haga una profunda reflexión sobre su eficacia.
Ciudad de México, 22 de enero de 2019. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó los asesinatos de los defensores de derechos humanos José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo, en Chiapas; y del periodista José Rafael Murúa Manríquez, en Baja California Sur. Noé Jiménez y Rafael Murúa eran beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, operado por la Secretaría de Gobernación.
Jan Jarab, Representante de la ONU-DH en México, señaló que “México necesita urgentemente revertir la tendencia en aumento del riesgo que enfrentan quienes ejercen el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Sus actividades deben ser protegidas e incentivadas por el Gobierno mexicano en su conjunto pues se trata de actores fundamentales para un Estado democrático y de derecho. Estos hechos muestran que la violencia contra quienes defienden derechos humanos o informan tiene profundas raíces y es necesario impulsar cambios estructurales para atajarla”.
Los asesinatos de los defensores José Santiago Gómez Álvarez y Noé Jiménez Pablo se suman al del defensor Sinar Corzo, ocurrido también en enero, en Chiapas. La ONU-DH señaló que esto da como resultado, al menos tres defensores asesinados en 2019 y 13 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos en 2018.
“Es preocupante que en todos estos casos las víctimas ya habían denunciado con anterioridad amenazas y hostigamientos, señalando incluso a autoridades como responsables de dichos actos. Estas denuncias deben ser investigadas de forma exhaustiva, sin dejar de lado las líneas que indiquen un posible involucramiento de servidores públicos y así contribuir a luchar contra la impunidad y prevenir que hechos similares vuelvas a ocurrir,” remarcó Jarab.
El representante de la ONU-DH subrayó que “el hecho de que tanto el Sr. Murúa como el Sr. Jiménez fueran beneficiarios del Mecanismo de Protección debe llevar a una profunda reflexión sobre su eficacia. Las medidas de protección otorgadas, así como su implementación, efectividad y seguimiento, deben ser analizadas y evaluadas. Además, se deben esclarecer completamente estos crímenes, pues no debemos olvidar que la mejor medida de protección y de no repetición en los casos de agresiones contra defensores y periodistas es una investigación pronta y eficaz que logre justicia para las víctimas.”