* Extremadamente preocupante, la creación de la Guardia Nacional.
Ciudad de México, 11 de diciembre de 2018. Con motivo del 20 aniversario de la Declaración de la ONU sobre las personas defensoras de derechos humanos, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México demandó que el gobierno mexicano dé prioridad absoluta a la protección integral de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas.
«Para prevenir las agresiones contra las personas defensoras de derechos humanos, el gobierno debe reconocer públicamente la legitimidad de su trabajo y poner fin a la impunidad», sostuvo Carola Hausotter, coordinadora de la organización.
Los planes del gobierno de crear una Guardia Nacional son evaluados por la Coordinación Alemana, especialmente ante el trasfondo de la catastrófica situación de derechos humanos, como extremadamente preocupantes: «Así se continuaría con la militarización de la seguridad pública y con las graves violaciones de derechos humanos que resultan de la misma. Una verdadera transformación requiere el retiro gradual de las fuerzas armadas y la profesionalización de las fuerzas policiacas que son, según la constitución, las responsables de garantizar la seguridad pública; así como una reforma constitucional que permita la creación de una fiscalía autónoma e independiente», consideró Hausotter.
La coordinación explicó que las personas defensoras de derechos humanos son agentes de cambio que juegan un papel decisivo en el fomento de los derechos humanos y del Estado de derecho en México. «Sin embargo, es precisamente por su labor que las personas defensoras de derechos humanos viven en México en constante peligro. El balance del mandato de Peña Nieto es devastador: en los pasados seis años han sido asesinados en México 161 personas defensoras de derechos humanos y 47 periodistas», detalló.
La organización informó que el 99% de los ataques contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas permanece impune y advirtió que otro gran problema es la criminalización sistemática de las personas defensoras de derechos humanos, especialmente contra integrantes de movimientos sociales y de comunidades indígenas y campesinas.
«El nuevo gobierno debe dar una prioridad absoluta a la protección de las personas defensoras de derechos humanos. Junto al fortalecimiento de los mecanismos estatales de protección debe desarrollarse e implementarse una política de estado integral para la prevención, la protección, así como la investigación, sanción y reparación del daño ante las agresiones contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas», consideró Hausotter.