* Otorga permiso indebidamente a empresa que descargará aguas contaminadas en la zona de cenotes.
Las y los defensores de derechos humanos señalaron que la Juez cuarta de Distrito concedió la suspensión definitiva también por actos de la Comisión Nacional del Agua y del mencionado tribunal en la demanda de amparo mediante la cual niños y niñas de Homún solicitaron protección de la justicia federal para resguardar su derecho a un medioambiente sano y a sus derechos como integrantes de un pueblo maya.
El viernes 6 de julio de 2018, el Tribunal de Justicia Administrativa admitió la demanda que presentó la empresa PAPO en contra del Ayuntamiento de Homún, del presidente Municipal y del tesorero del ayuntamiento, ya que dichas autoridades no respondieron a su solicitud de autorización de licencia de funcionamiento de la empresa.
El martes 10 de julio, el Tribunal Administrativo -a través del magistrado Miguel Diego Barbosa Lara- otorgó la suspensión que solicitó la empresa PAPO y concedió la licencia de funcionamiento.
La orden de suspensión derivada del amparo fue decretada desde el 1 de octubre, cuando la jueza la concedió provisionalmente como medida precautoria ante la posibilidad de daños irreparables en el amparo presentado por seis niños y niñas de Homún cuyo derecho a la salud y al medio ambiente sano se vería afectado por la operación de la granja en la zona de cenotes.
El 9 de octubre, la jueza Miriam Cámara Patrón reiteró la medida al conceder la suspensión definitiva –en tanto se resuelve el amparo– después de una inspección judicial a la megagranja porcícola, sin que la empresa y la autoridades la hayan acatado. Se fijó este día 26 de noviembre para una audiencia donde la juez decidirá con las pruebas si se incumplió la suspensión, si se cumplió parcialmente o si hay franco desacato y qué autoridades son responsables.
La mega granja porcícola que se ha instalado de manera irregular en Homún tendría una capacidad para albergar a casi 50 mil cerdos en una de las zonas de recarga hídrica más importantes del país, con el consecuente riesgo de contaminación y afectación del agua, el medioambiente, la salud, y las actividades económicas de la región. Además dicho megaproyecto, no obstante estar asentado en territorio maya, se aprobó y ejecutó sin respetar el derecho a la libre determinación de la comunidad de Homún.