Condena y dolor por el asesinato de Julián Carrillo, rarámuri defensor de la tierra

* Al menos cinco familiares, incluyendo su hijo, habían sido ya privados de la vida por su labor. 


Ciudad de México, 29 de octubre de 2018. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenaron el asesinato del defensor de derechos humanos Julián Carrillo Martínez, uno de los principales líderes de la comunidad rarámuri de Coloradas de la Virgen, del municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.

«El Sr. Carrillo Martínez realizaba una valiosa labor de defensa del bosque ante la tala indiscriminada de árboles en la región. Entre otras actividades, impulsaba, con otros miembros de la comunidad, la nulidad del permiso de aprovechamiento de recursos forestales otorgado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) a actores locales. Además de encabezar la defensa del territorio de su comunidad indígena, la víctima era miembro de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), organización ampliamente reconocida por su defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas», señalaron los organismos en un comunicado.

La noche del 24 de octubre, Julián Carrillo Martínez fue atacado en Coloradas de la Virgen por hombres armados. Un día antes supo que sus agresores lo estaban vigilando, por lo que buscó refugio en un cerro cercano. Sin embargo, las agresiones en su contra por su defensa del territorio no eran nuevas. Habían sido asesinados en este contexto Francisco Chaparro Carrillo, yerno, en julio de 2018; Alberto Quiñones Carrillo, sobrino, en septiembre de 2017; Guadalupe Carrillo Polanco, sobrino, en Julio de 2016; y Víctor Carrillo Carrillo, hijo, en febrero de 2016. Julián Carrillo se había desplazado de la comunidad en diferentes momentos y era actualmente beneficiario de medidas de protección del Mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“Nuevamente queda demostrado que sin cambios que aborden las causas estructurales de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos, la provisión de un policía acompañante o un teléfono no es suficiente para parar la oleada de violencia que enfrentan quienes osan alzar la voz para defender su territorio”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Desde 2007, la comunidad de Coloradas de La Virgen viene dando una batalla jurídica ante el Tribunal Unitario Agrario por explotación de Recursos Naturales en su territorio ancestral. El trabajo de defensa de su territorio ha generado un sinnúmero de amenazas contra las personas integrantes de la comunidad, así como de la organización Alianza Sierra Madre AC (ASMAC), que los ha acompañado en este proceso de reivindicación de derechos.

Un día antes del ataque, el Tribunal Superior Agrario adoptó una sentencia que reconoce los derechos territoriales a la comunidad de Choreachi – igualmente del municipio de Guadalupe y Calvo – y que sienta un importante precedente que se espera pueda beneficiar también a las demás comunidades indígenas que se enfrentan a la invasión de sus territorios y deterioro del medio ambiente.

La CNDH solicitó al gobierno y a la Fiscalía de Chihuahua implementar medidas cautelares para salvaguardar la vida, integridad y seguridad de los familiares de la víctima, y agotar la línea de investigación relacionada con la labor que él llevaba a cabo.

El Representante de la ONU-DH, Jan Jarab, agregó que “este caso debe ser una prioridad absoluta para el recién nombrado Fiscal Especializado en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada, ya que la justicia es innegablemente la principal medida de prevención. Urge sentar un precedente positivo que mande una señal definitiva de que los homicidios de defensores de derechos humanos se investigan y se sancionan ejemplarmente”.

Michel Forst, Relator Especial de la ONU sobre la situación de los defensores de derechos humanos, visitó México y Chihuahua en 2017 y en su informe de misión presentado en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos mencionó que “Al visitar el estado de Chihuahua, fui testigo de los riesgos que corrían los defensores de los derechos humanos que protegían los derechos del pueblo indígena rarámuri, una comunidad amenazada por grupos de delincuencia organizada y carente de la protección del Estado.”