* Advierten de cinco escenarios preocupantes en el continente.
Ciudad de México, 18 de octubre de 2018. Redes jesuitas en atención a migrantes y refugiados hicieron un llamado a tomar acciones urgentes y duraderas ante el desplazamiento forzado de miles personas en América.
«En el último año hemos atestiguado el surgimiento de nuevas crisis y el recrudecimiento de otras en el contexto migratorio de las regiones de Centroamérica y de Norteamérica», señalaron las delegaciones reunidas en El Salvador, provenientes de Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.
Los defensores de derechos humanos señalaron cinco escenarios preocupantes en la materia: La crisis humanitaria en la frontera norte de México con Estados Unidos -en la que Estados Unidos está obligando a los solicitantes de refugio a esperar del lado de México tiempos prolongados y en condiciones precarias, mientras que autoridades mexicanas están colaborando para frenar la entrada de solicitantes de asilo; la crisis de separación familiar, tanto de personas deportadas como dentro de los Estados Unidos; la crisis sociopolítica en Nicaragua, que ha generado la salida de varias decenas de miles de nicaragüenses que sobrevivieron a amenazas, asesinatos de familiares, persecuciones, torturas y detenciones arbitrarias; la crisis cotidiana de subsistencia de hombres y mujeres centroamericanas, derivada de la imposición de sistemas políticos autoritarios y modelos económicos excluyentes; y la crisis de violencia en México, que impacta de manera directa en las personas migrantes centroamericanas y a la población mexicana de retorno al país.
La Red Jesuita con Migrantes Centroamérica y Norteamérica exigió el cambio de enfoque de seguridad nacional que criminaliza la migración por uno que priorice la seguridad humana y la garantía del respeto y promoción de los derechos de todas las personas migrantes; el cumplimiento de la obligación de los gobiernos de proteger y garantizar los derechos humanos y de implementar los tratados de derechos humanos internacionales; y que los Estados garanticen la protección y seguridad personal de las personas que integran la Caravana que en días pasados partió de Honduras hacia Estados Unidos.
El gobierno de México refrendó que detendrá y deportará a los integrantes de la caravana migrante que ingresen al país de “manera irregular”, y advirtió a quiénes pedirán medidas de protección internacional a México que los mantendrá en centros de detención migratoria durante el periodo trámite, que se extenderá “hasta 45 días hábiles, prorrogables por un periodo igual”.
A la par, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) resaltó la “situación de vulnerabilidad en que se encuentran estas personas, particularmente niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas” y recordó que “se emitieron medidas cautelares dirigidas a autoridades municipales, estatales y federales” para proteger sus derechos humanos.
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