Ordena ONU investigar violaciones a derechos de Lydia Cacho

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* La periodista fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte por denunciar la participación de políticos y empresarios en una red de pederastia. 

Ciudad de México, 03 de agosto de 2018. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió una resolución contra el Estado mexicano y le ordenó hacer una investigación “imparcial, pronta y exhaustiva” en el caso de la violación de derechos humanos de la periodista Lydia Cacho, en un hecho inédito por los alcances casi jurisdiccionales de la decisión.

A la periodista y defensora de las niñas y mujeres se le acusó en 2005 de los delitos de difamación y calumnia por denunciar en su libro Los demonios del edén la existencia de una red de pederastas ligada a empresarios y gobernantes. Fue detenida en diciembre de 2005 en Cancún, presuntamente por policías, sin que fuera exhibida una orden de captura y llevada a Puebla en un vehículo del empresario textilero Kamel Nacif, señalado en el libro y quien fue su principal acusador.  La ONU consideró acreditado que en el trayecto, la periodista fue víctima de tortura psicológica y física, tocamientos e insinuaciones sexuales y amenazas de muerte.

“A la luz de las declaraciones vertidas por el empresario en cuestión y por altas autoridades ejecutivas y judiciales del estado de Puebla, la detención de la autora no fue una medida necesaria ni proporcional, sino una medida de carácter punitivo, y en consecuencia, arbitraria”, estableció el Comité.

Tras revisar el caso -que se presentó al comité en 2014-, se emitió un fallo este 31 de julio que determina que el Estado debe procesar, juzgar y castigar “con penas adecuadas” a las responsables de las violaciones de los derechos humanos de la comunicadora, además de ofrecer una “compensación adecuada” a Cacho y evitar futuras violaciones de los derechos de periodistas y defensores de las garantías para ejercer sus derechos, despenalizando en todo el país el delito de difamación y calumnia.

Se otorgó al Estado un plazo de 180 días para que responda a la resolución.

La ONU “identificó que en México existe un patrón de violencia sexual contra las mujeres detenidas”, conductas que de manera regular “quedan impunes”.