Ciudad de México, 31 de julio de 2018. Al cumplirse tres años del crimen de la colonia Narvarte, donde fueran asesinadas Mile Virginia Martín, Yesenia Quiróz Alfaro, Nadia Vera Pérez, Alejandra Negrete y Rubén Espinosa Becerril, las autoridades se niegan a profundizar la investigación y «seguimos sin saber ni como sociedad ni como familiares, la verdad de lo ocurrido aquella tarde en el condominio 1909 de Luz Saviñón; no sabemos el móvil del crimen ni a ciencia cierta quiénes fueron los perpetradores tanto materiales como intelectuales», señalaron las organizaciones acompañantes.
Los representantes de las víctimas señalaron que aunque se emitió y aceptó la Recomendación 04/2017 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace ya un año, no se han cumplido ninguno de los puntos recomendatorios, incluyendo el diseño de un “plan de investigación” por parte de la PGJCDMX para reconducir las investigaciones del caso. A la fecha, señalaron, la autoridad ministerial sigue obstinada en no agotar otras líneas de investigación y ha llegado al extremo de pedir a las organizaciones civiles que representan a las víctimas que sean ellas quienes lo hagan.
«Desde hace más de 9 meses, tenemos el compromiso de las autoridades de la PGJDF y de la Secretaría de Gobierno para que en ese plan de investigación se integren actuaciones relacionadas con el entorno personal y profesional de las víctimas haciendo especial énfasis en Mile Virginia, Rubén Espinosa y de Nadia Vera. Sin embargo, la PGJDF ha sido omisa y negligente para desahogar esas actuaciones», a pesar de que la parte de las víctimas ha aportado pruebas para robustecer la línea de investigación relativa a la persecución política de Nadia y Rubén en Veracruz, incluyendo el uso de comandos parapoliciales y la existencia de empresas de seguridad de ex funcionarios de Veracruz en la Ciudad de México. La PGJCDMX, acusaron las organizaciones, insiste en que tales pruebas son «irrelevantes».
Además, y tras revisar los videos que la SSP había registrado sobre lo que ocurrió en la calle de Luz Saviñón el día de los hechos, la defensa de las víctimas notó varias contradicciones en los testimonios -de testigos y agentes policiales- que en su momento la PGJDF utilizó para acusar a las personas detenidas y eventualmente para obtener una sentencia contra una de esas personas.
«Existe una duda fundada en quienes suscribimos este pronunciamiento para suponer que la lógica de la PGJDF en el caso es apostarle al cansancio y al olvido pues todo parece indicar que no están interesados en investigar realmente lo que ocurrió esa tarde del 31 de julio de 2015 ni en garantizar el derecho a la verdad de las víctimas», acusaron las organizaciones.
«Hoy hacemos un llamado público a las autoridades que han sido elegidas para gobernar esta ciudad en los próximos 6 años, para que escuchen a las familias directamente, a fin de conocer el status que guarda la investigación, y sobre todo, para que conozcan los temas de política pública que no se han podido concretar y cuyo avance competerá a estas nuevas autoridades a partir del próximo 5 de diciembre», finalizaron.