Ciudad de México, 24 de julio de 2018. Los asesinatos de activistas ambientales en México pasaron de 3 durante todo el año 2016 a 15 durante 2017 -13 de los cuales pertenecían a pueblos indígenas-, con lo cual nuestro país se coloca en el cuarto lugar de riesgo a nivel mundial, señaló Global Witness en su Informe Anual sobre defensores de derechos humanos 2017: ¿A qué precio?
El informe ubica que a nivel global 2017 fue el año más sangriento para los defensores de la tierra, pues casi cada semana cuatro activistas fueron asesinados por ello; 60% de esos 207 ataques se registraron en América Latina.
La oposición a la agroindustria fue la principal causa de muerte de estos defensores, seguida por la minería, la tala de árboles, las hidroeléctricas y la caza ilegal de animales.
Durante la presentación del informe en México, se destacó el caso del pueblo rarámuri, que perdió a 7 de sus integrantes entre 2013 y 2016 sin que a la fecha haya ninguna persona sentenciada por ello; para 2017, fueron asesinados dos defensores rarámuri más, Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros.
Todos estos problemas, en la Sierra Tarahumara, en México y en otras partes del mundo, se agravan, dice Ben Leather, encargado de Incidencia de Global Witness por la falta de una implementación adecuada de un marco de protección internacional de derechos de los pueblos indígenas que asegure una consulta y un consentimiento previo, libre e informado sobre los proyectos que se planea llevar a cabo en sus tierras.
También hacen falta medidas de protección para personas defensoras, en contextos de defensa frente a la actividad empresarial, pero también de crimen organizado. México, señala el informe, es uno de los pocos países con una legislación y un mecanismo específicos para proteger a personas defensoras de derechos humanos, pero en la práctica esto no funciona.
El informe de Global Witness insta al Estado mexicano -tanto al gobierno saliente como al electo- a atacar las causas, combatir la corrupción, asegurar los títulos de propiedad de las tierras, respetar los derechos colectivos y consuetudinarios sobre la tierra y garantizar el derecho de las comunidades afectadas a otorgar o negar consentimiento libre, previo e informado sobre el uso de sus tierras y recursos naturales; a apoyar y proteger a las personas defensoras, dándoles las herramientas necesarias para que lleven a cabo eficazmente su activismo y garantizando su seguridad; y a garantizar la rendición de cuentas para evitar amenazas futuras.
Para Global Witness, el vínculo entre esta violencia y los productos de consumo habitual es claro: «La agricultura a gran escala, la minería, la caza furtiva y la tala producen artículos para el hogar, que utilizamos y consumimos: aceite de palma para el champú, soja para la carne, madera para nuestros muebles».
*Con información de Animal Político