En Puebla, el homicidio se instaló como patrón sistemático de persecución. Los asesinatos de Manuel Gaspar Rodríguez y Adrián Tihuilit –el 14 y 31 de mayo de este año, en Cuetzalan del Progreso y Zacapoaxtla, en la sierra nororiental– son el epílogo de una larga historia de agresiones en contra de activistas y defensores de derechos humanos. En 2012, Frumencio Solís Cruz y Antonio Esteban Cruz fueron asesinados en Cuetzalan. A partir de ahí, el crimen, avalado por una profunda impunidad, no se detuvo.
Pero nada frenó la resistencia. Ni esta amenaza constante de muerte y silencio. Las comunidades indígenas continúan con su trabajo de oposición a los megaproyectos de desarrollo, como hidroeléctricas y mineras a cielo abierto. Quieren respeto a su derecho constitucional de ser consultados sobre cualquier tipo de obra que pueda amenazar su autodeterminación, sus territorios y los recursos naturales de sus entornos.
*Con información y video de Sin Embargo
