Pide ONU a gobierno de Veracruz acatar sentencia que defiende derechos de las mujeres

by
* La resolución ordena al Poder Legislativo de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo para que esto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal.

Ciudad de México, 10 de julio de 2018. La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en México, llamaron al Congreso de Veracruz a acatar con prontitud la sentencia del Poder Judicial Federal que le mandata legislar para garantizar a las mujeres y niñas el acceso efectivo a servicios de interrupción del embarazo.

La resolución ordena al Poder Legislativo de Veracruz despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo reformando el Código Penal antes del 31 de julio de 2018, para que esto sea tratado como un tema de salud pública y no de política criminal. La medida se desprende de que el Juez Decimoctavo de Distrito reconoció el carácter obligatorio de la Alerta de Género y de las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

La sentencia establece que la omisión del Congreso del estado de Veracruz ha significado una vulneración a los derechos de las mujeres a no ser discriminadas, a sus derechos sexuales y reproductivos, a la salud, a la dignidad y al desarrollo de la personalidad, violando diversos preceptos constitucionales, tratados en materia de derechos humanos ratificados por México, como la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Las agencias de la ONU reconocieron el avance de los derechos de las mujeres a partir de la actuación del Poder Judicial de la Federación. y la actuación de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, cuya participación ha sido esencial para lograr este importante avance.