El día de hoy a las 11:00 horas se efectuó la presentación del informe: «La impunidad militar a juicio. Los casos de Valentina Rosendo Cantú, Inés Fernández Ortega y los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel Flores y Teodoro Cabrera García». Dicho documento fue elaborado por El Centro Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).
Los casos de Inés y Valentina nos muestran la crueldad con que han actuado elementos militares en comunidades indígenas donde las mujeres son vistas como botín de guerra. En 2002, las dos mujeres fueron violadas con el fin de causar terror y daño a las 8 comunidades donde se gestaba un movimiento de resistencia pacífica para reivindicar derechos colectivos y denunciar los abusos de las fuerzas armadas. El Ejército, acostumbrado a la impunidad, nunca imaginó que ellas tuvieran la fuerza y el coraje para denunciar y exigir castigo a los perpetradores de estos crímenes.
Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, comentó, refiriéndose al caso de Inés y Valentina, que se trata de “una radiografía del sistema de justicia que prevalece en los ministerios públicos donde el ejército está por encima de las leyes”. Describió cómo la violencia fue expansiva y dañó el tejido comunitario, además de generar agresión a las familias de estas mujeres. Señaló cómo “el ejército ha trozado mangueras, destrozado cosechas, allanado las viviendas y perseguido a los miembros del pueblo Me´ Phaa”. Por último, el representante de Tlachinollan aseveró que “hay que encarar a un gobierno que mata para poder dar vida a los demás.”
El caso de Rodolfo y Teodoro, en Petatlán y Coyuca de Catalán, otra región del estado de Guerrero, representa una lucha emblemática en defensa de los bosques, que se topó con los intereses caciquiles de la región y con el mismo Ejército, vinculado a los grupos de poder regional. En mayo de 1999 fueron detenidos y torturados por militares para luego ser encarcelados mediante delitos fabricados. En 2001 fueron liberados pero esto no representó para ellos el acceso a la justicia.
“Los delitos cometidos por militares contra civiles, deben ser tratados por la justicia civil, no por la militar”, dijo Luis Arriaga, director del Centro Prodh, quien enfatizó que “son comunes en los 3 casos las violaciones a derechos humanos cometidas por los militares y con impunidad”. Desde el movimiento por la defensa de los DDHH ésta es una de las más repetidas demandas.
Por su parte, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, denunció que “el estado de derecho no se puede sustituir por manitas de gato”. Mientras el Estado exhibe complicidad y tolerancia con quienes vulneran la dignidad humana, desde otras instancias del mismo sistema se actúa para castigar y criminalizar a quienes alzan la voz y luchan por la justicia.
Luis Vázquez, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México (Flacso), comparó el estado de impunidad militar en las entidades federativas de Chiapas, Oaxaca y particularmente la de Guerrero con “la lógica de las dictaduras del cono Sur”, puesto que “no hay argumento de política de seguridad ni justificación alguna para violentar derechos humanos”. Subrayó que “en 10 años no se han reconocido violaciones a derechos humanos ni juzgado a los responsables de las mismas”, además de que “el Estado se ha declarado incompetente ante las averiguaciones previas”, repuntó. Abrió la pregunta sobre cómo hacer efectivas las sentencias emitidas por la CoIDH, porque es casi un hecho que el fuero militar será declarado responsable, y recordó que actualmente existen ya 2 recomendaciones: la del Campo Algodonero y la de Rosendo Radilla. Concluyó que lo que se busca es “fortalecer y consolidar a las fuerzas de seguridad para que sean capaces de garantizar seguridad a la ciudadanía, pero que esto únicamente se logrará “bajo una política ciudadana y democrática”.
Difícilmente el país podrá avanzar hacia un Estado democrático de derecho e igualdad para todos y todas mientras permanezcan intactas las estructuras legales, jurídicas y prácticas que operan -hoy como hace una década en los tres casos expuestos- para permitir la violación repetida e impune de derechos tan fundamentales como la integridad física y sexual, la libertad personal, la presunción de inocencia, el acceso a la justicia y el derecho a defender los derechos humanos. Por otro lado, la disfuncionalidad del sistema de justicia penal, ejemplificada en los casos expuestos, incrementa los altos niveles de desconfianza que tiene la población hacia los órganos encargados de recibir denuncias penales, atender a las víctimas e impartir justicia.
En particular, el cumplimiento de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana, de carácter vinculante para el Poder Ejecutivo Federal y los demás poderes del Estado, no es solamente una obligación internacional, sino también una oportunidad para que el Estado avance significativamente hacia la eliminación de la impunidad y la implementación de las reformas necesarias para terminar con abusos sistémicos, como la admisión de declaraciones obtenidas sin control judicial en procesos penales, la extensión del fuero militar sobre casos de violaciones a los derechos humanos y los actos de agresión en contra de las y los defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
Al margen de las consecuencias que las sentencias de la Corte traigan consigo, la lucha que por años han sostenido Inés, Valentina, Teodoro y Rodolfo para acceder a la justicia es también motivo de esperanza.