Hace algunas horas se presentó la determinación de un juzgado federal ante el juicio de amparo interpuesto por ciudadanas y ciudadanos organizados que son afectados por la construcción de la supervía. El fallo fue negado: el proyecto Supervía Luis Cabrera-Centenario no se suspenderá. Ese fue el sentido de la sentencia definitiva del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en el expediente del amparo en revisión 190/2010.
Leticia Moreno, integrante del Frente Amplio contra la Supervía, ProCiudad-ProContreras, comentó en entrevista al Centro Prodh: “nos explicaron que el amparo sigue, que esto fue un primer paso jurídico (…) lo único que sí aceptaron es una adhesión que se había hecho a la demanda de amparo” y agregó que existen dos: “la primera fue por el decreto en el que se declaraba a la zona de La Loma como área de valor ambiental, esa ampliación ya está admitida… de la que no estamos claros fue de la del título de concesión.”
En conferencia de prensa, Litigio Estratégico de Derechos Humanos (Litiga) y el Frente Amplio señalaron que al no negarse la suspensión, la única alternativa jurídica para la ciudadanía sería acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares. Sin embargo, por los tiempos que requieren, en la práctica no habría herramienta jurídica que pudiera detener la pretensión del gobierno de facilitar el inicio de obras para la concesionaria.
A propósito de lo publicado hoy en La Jornada, en donde aparece que los 51 predios expropiados en La Malinche no serán las únicas viviendas que resultarán afectadas por la construcción de la supervía, Leticia subrayó que a la salida del Tribunal se convocó a una rueda de prensa en la que se informó que “habrá más vecinos expropiados, como una forma en la que el gobierno (del Distrito Federal) trata de que los vecinos aledaños no vivan al lado de la salida del túnel” y para ello realiza ya las visitas en campo, actividad que Moreno describe como “esta labor de intimidación, de ir casa por casa diciendo que no se preocupen, que están con ellos, para convencerlos”. A raíz de ello, varios vecinos desistieron de la adherencia a la demanda de amparo. Integrantes del Frente ya habían realizado visitas en las que se platicaba con los vecinos la posibilidad de meter una demanda por riesgo de obra y afectaciones derivadas de lo que se lleva a cabo actualmente en la zona. Al respecto, enfatizó que “el gobierno como respuesta hizo lo mismo de darse a la tarea de las visitas y aseguraron que ellos iban a responder por si se les quebraba alguna barda, pero no hubo carta compromiso firmada ni formalidad, sino acuerdo de palabra”.
A tres meses de que se entregaron las notificaciones, la mayoría de los 51 predios expropiados ya fueron desalojados; sin embargo, la integrante del Frente comentó que el pasado lunes “se efectuó un recorrido entre los vecinos que quedaban y los aledaños, junto con el vecino que se mantenía en resistencia y vimos que hay personas que habitan terrenos intercalados entre los predios expropiados”.
María Elena Jiménez, una de las afectadas que dejó su vivienda el lunes pasado junto con las 4 familias que residían en el predio a nombre de su mamá, en entrevista con La Jornada, manifestó: “Estamos molestos, pero no podemos ponernos contra el gobierno, la verdad no se puede. Ahora yo rento, porque aunque digan que pagaron muy bien las indemnizaciones, el dinero fue insuficiente.”
El día de ayer un grupo de habitantes de la delegación Magdalena Contreras reiteraron su exigencia para que se realice una consulta ciudadana y con ello determinar si se construye la vialidad o no. Los diputados federales del Partido del Trabajo Laura Itzel Castillo y Mario di Costanzo estuvieron presentes. Itzel Castillo señaló que la obra no cumple con el principio precautorio en materia ambiental que señalan las convenciones internacionales, además sería una vialidad de paga, todo lo cual constituye motivos preocupantes para reconsiderar el proyecto.Los diputados, en conferencia de prensa, expresaron que en una ciudad que es gobernada con el respaldo del voto popular, se necesita que las decisiones trascendentales sean consultadas a la ciudadanía. Di Costanzo propuso que dicho ejercicio se lleve a cabo en las colonias afectadas, como Cerro del Judío, Tanque, La Malinche, Cuauhtémoc, San Jerónimo Aculco, San Jerónimo Lídice, Lomas Quebradas y Puente Sierra. Vecinos de la delegación manifestaron su compromiso de impulsar una consulta ciudadana en los términos que marca la Ley de Participación Ciudadana del D.F.