- La principal problemática social en la que se sumerge el proyecto de la supervía, tiene que ver con las expropiaciones que han generado desplazamientos y trastocado la vida de una comunidad.
- Los legisladores afirmaron que no se contó con la participación de especialistas, urbanistas, arquitectos y biólogos para este proyecto y que ni un solo especialista se ha pronunciado en favor de esta obra.
El Gobierno del Distrito Federal (GDF) decretó el 22 de marzo del presente en el Diario Oficial del Distrito Federal (DODF) la “utilidad pública” de un sistema vial de túneles y puentes de peaje, cuyo tendido hace aparentemente necesaria la expropiación de parte de una colonia habitada para la construcción y el funcionamiento de la vialidad, aunque en él no se indica colonias, calles o números. Los vecinos fueron enterados a través de notificaciones pegadas en sus puertas. Para el gobierno capitalino, sólo fueron 126 afectados, a quienes se les notificó que debían abandonar sus casas; al día de hoy, se han convertido en expropiados. Prevalece la incertidumbre y el temor de miles por ser despojados.
La principal problemática social en la que se sumerge el proyecto de la Supervía, tiene que ver con las expropiaciones para construir la vía de cobro que conectaría Santa Fe –la zona más acaudalada de la ciudad de México– con el Periférico Sur, porque trastocan la vida de una comunidad y desmiembran familias enteras.
Por otra parte, existe una gran preocupación por el impacto ambiental. El 9 de julio pasado, el GDF a través de la Secretaría del Medio Ambiente del Distrito Federal otorgó la autorización “condicionada” para la construcción de la supervía poniente de la ciudad de México. En ella se le imponen 45 condiciones a la empresa controladora Vía Rápida Poetas, entre las que sobresalen la reforestación de la zona con 112 mil 200 nuevos árboles y la presentación de un programa hidrológico que garantice el mantenimiento acuífero en la zona.
Martha Delgado, secretaria de dicha dependencia, señaló que a la empresa se le impondrá una medida de compensación para que aporte 50 millones de pesos al Fondo Ambiental Público del gobierno de la cuidad, mismos que se destinarán a la preservación de las barrancas de la zona poniente: Tarango y el área natural protegida de La Loma y otras barrancas de la zona.
Vecinos organizados de la Magdalena Contreras que se oponen a esta obra advirtieron que se mantendrán en lucha, pues más allá de la decisión de las autoridades de aprobar el proyecto y de que la mayoría de los dueños de los predios expropiados ya han aceptado el pago de indemnización, lo que está en juego es la viabilidad de todo el sur poniente de la ciudad.
Los legisladores emitieron un comunicado en el que calificaron como una “burla” la autorización que otorgó la SMA, pues no se contó con la participación de especialistas, urbanistas, arquitectos y biólogos; subrayaron que incluso ni uno solo se ha pronunciado en favor de esta obra, que talará 27 mil árboles y se afectarán 80 especies de fauna, situación de suma preocupación para la ciudad.
El día de ayer, un numeroso grupo de vecinos de la delegación Magdalena Contreras manifestó su inconformidad con la autorización de la SMA de esta capital para que se inicie la construcción de la supervía poniente.
Alejandro Sánchez Camacho, vocero de la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), hizo una crítica al proyecto de la supervía poniente por considerar sospechosa la forma en que se otorgó la manifestación de impacto ambiental. Agregó que “llama la atención que un funcionario que estaba encargado de resolver sobre el impacto ambiental de esa obra vial, tuviera también vínculos con las empresas asignadas para ese proyecto.” Enfatizó en que eso llama a sospechar en cuanto al procedimiento.
Luis Cano, representante legal del movimiento Frente Amplio Contra la Supervía Poniente, recordó que está pendiente la resolución sobre el recurso en el que solicitan la suspensión definitiva del proyecto. Mañana a las 14:00 de la tarde se realizará una audiencia en el juzgado 12 en materia administrativa del Distrito Federal a la que está invitado el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.