Ciudad de México, 18 de mayo de 2018. El gobierno guatemalteco no está cumpliendo los compromisos con la comunidad de Laguna Larga, desplazada de manera forzada por fuerzas federales a México hace casi un año, denunciaron organizaciones de derechos humanos mexicanas. Advirtieron que esto pone en riesgo la vida y la integridad de más de cien familias en esta condición.
La organización Indignación relató que el día 12 de mayo de 2018, representantes del gobierno de Guatemala se presentaron al campamento para dar seguimiento a los acuerdos tomados el día 25 de abril de 2018 como parte de la medida cautelar 36/2017, emitida a favor de la comunidad de Laguna Larga por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en septiembre del año pasado. sin embargo, denunciaron, solamente se presentaron funcionarios sin capacidad de decidir con la intención de levantar encuestas entre la población. No se realizó la jornada médica comprometida, a pesar de las urgencias en materia de salud, ni el suministro de alimentos ni la propuesta de retorno o reubicación de manera que se pudiera formar una comisión para ir a verificar las condiciones de las tierras. El acta se asienta que el único punto que se realizó fue la presencia del Registro Nacional de Población (Renap) para la regularización de los nacimientos en el campamento.
«Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que los funcionarios del Fondo de Tierras, además de desconocer la situación del desalojo, hicieron firmar a las y los habitantes solicitudes individuales de tierras, cuando el reclamo ha sido, desde el momento del desalojo, que la restitución y reparación hacia Laguna Larga tendría que darse como pueblo y no de manera individualizada», abundó la organización.
Las y los defensores de derechos humanos precisaron que las medidas cautelares dictadas por la CIDH desde septiembre pasado continúan incumplidas, especialmente las referidas a garantizar alimentación adecuada,salud, agua, alojamiento y acceso a sus tierras, además de la búsqueda concertada de una solución a largo plazo.
«Lo sucedido demuestra que el gobierno guatemalteco tiene un doble discurso. Por un lado frente a la CIDH señala que está dando cumplimiento a las medidas cautelares, y por el otro frente a la comunidad y en los hechos, en donde ha dado muestras que podrían interpretarse como desprecio, pretendiendo desgastar a la comunidad con trámites burocráticos que poco abonan a la resolución del conflicto de fondo, que es retorno, reparación y justicia», indicaron.
En agosto pasado la CIDH realizó una visita in loco al campamento desplazado y desde septiembre, al emitir las medidas cautelares, estableció que los derechos a la vida e integridad de desplazados se encuentran en situación de gravedad y urgencia.