Se incrementa la violencia contra personas defensoras del ambiente

by

* Informe de CEMDA registró 88 ataques de julio de 2016 a diciembre de 2017

Ciudad de México, 05 de marzo de 2018. De julio de 2016 a diciembre de 2017 se produjeron en México 88 casos de ataques en contra de personas defensoras de los derechos humanos ambientales, 29 de las cuales perdieron la vida, señala el  Informe sobre la situación de personas defensoras de los derechos humanos ambientales en México, 2017, que publica el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA). La organización resaltó que en el periodo anterior se registró un asesinato, por lo cual es particularmente preocupante el incremento registrado.

La entidad federativa que continúa con los números más altos de ataques a personas defensoras ambientales es el Estado de México con 10 casos; seguido de Oaxaca y Puebla con 8 casos, y Chiapas y Sonora con 6 casos. Estos ataques afectaron a 240 personas, así como a 10 organizaciones y 30 comunidades campesinas y/o indígenas.

Los proyectos o actividades más frecuentemente relacionados con los ataques, de acuerdo con el informe, son el despojo de tierras/territorio y la minería, ambos con 17 casos. Siguen los proyectos de infraestructura (14 casos), los hidroeléctricos ( 8 casos); los de obras públicas y/o políticas públicas en administración de agua (7 casos); proyectos inmobiliarios (5 casos); energía renovable (4 casos); siembra de transgénicos (4 casos) y tala clandestina (3 casos).  El recurso natural más afectado fue la tierra y el territorio con 46 casos, seguido del medio ambiente en 20 casos y el agua con 11.

Las agresiones más recurrentes fueron las físicas que representaron un 18%, seguida de la criminalización con un 16%, y el homicidio con un 15%; el Estado mexicano sigue siendo el principal agresor, pues el 36% de los ataques provino de autoridades. De este total, en 57% de los casos los autores fueron autoridades a nivel estatal, 26% autoridades municipales y 17% autoridades federales.

“Durante este periodo se pudo observar un mayor nivel de violencia con relación a años anteriores en los ataques en contra de los defensores, incrementándose los casos de agresiones físicas, la criminalización y el homicidio. Sobre este último se identificaron 17 casos de ataques, en los cuales 29 personas fueron asesinadas; entre ellas, Isidro Baldenegro, indígena rarámuri que había sido galardonado con el premio Goldman por su labor en favor de la defensa del bosque y de su territorio”, destacó CEMDA.

Gustavo Alanís Ortega, presidente y fundador del Cemda, señaló que “resulta inverosímil que en pleno siglo XXI las personas e integrantes de la sociedad civil que en México defienden los derechos humanos ambientales estén en una situación de alto riesgo en cuanto a su persona e integridad física. Se hubiera esperado una disminución de la violencia que se comenta en el  Informe, pero resulta ser todo lo contrario, lo cual es inaceptable e intolerable  en un país que presume internacionalmente ser respetuoso de los derechos humanos pero que lo que vemos en la práctica es distinto”.

La organización recomendó al Estado mexicano: a) Alinear y armonizar el marco legal, así como las políticas públicas del sector agropecuario, ambiental, de agua y de pueblos indígenas bajo un enfoque de derechos humanos y del Estado pluricultural; b) Implementar la perspectiva de género en la legislación ambiental y en las políticas públicas; c) Garantizar oportunamente el cumplimiento del derecho al consentimiento previo, libre e informado de los pueblos y las comunidades e indígenas; d) Suspender proyectos de desarrollo cuando existan evidencias de ataques y agresiones contra las y los defensores ambientales; e) Realizar, por parte de las autoridades correspondientes, las evaluaciones de impacto social y ambiental en las primeras etapas del proyecto para poder conocer el nivel de riesgos y desafíos existentes en la región; f) Fortalecer el Mecanismo, otorgándole, entre otras cosas, presupuesto suficiente para su funcionamiento y; g) Garantizar el derecho a la reparación integral del daño.